El sistema legal español garantiza constitucionalmente el derecho de cualquier justiciable a la segunda instancia como manifestación de lo previsto en su artículo 24 sobre la tutela judicial efectiva.
Consiste en la facultad revisora ejercida por un Tribunal jerárquicamente superior de las Sentencias y Autos que pongan fin al procedimiento judicial, siempre y cuando seamos parte del mismo, de forma que podamos manifestar nuestras discrepancias con su resolución.
Sin embargo, esta posibilidad revisora no es absoluta. La jurisprudencia ha desarrollado el recurso de apelación de forma que no admite el sometimiento del criterio judicial al más partidista y subjetivo ejercido por parte del recurrente, por lo que, para que tenga éxito habrán de darse circunstancias por las que se considere que la resolución impugnada incurre en incorrecta valoración probatoria, arbitrariedad, incorrecta aplicación de los artículos legales alegados u omisión de aquellos que resultaban favorables.
Con carácter singular, la valoración de la prueba solo será modificada cuando se aprecie de forma clara y manifiesta que el Juzgador cuya resolución se recurre haya actuado de forma ilógica o irracional.
Por lo tanto, el recurso de apelación es el mecanismo idóneo para modificar resoluciones adversas siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriormente expuestos, por lo que su éxito dependerá de la técnica procesal desplegada en el recurso.
Además, el recurso permite la oposición e impugnación de la resolución apelada también por la parte contraria, a quien se dará oportuno traslado para alegaciones, pudiendo invocar argumentos a favor del mantenimiento o de la modificación a su favor de la decisión impugnada.
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