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En situaciones de desastres naturales, como las riadas, la responsabilidad patrimonial del Estado puede entrar en juego cuando los afectados sufren daños debido a una gestión inadecuada de infraestructuras o la falta de medidas de prevención por parte de la administración. Esta responsabilidad implica que las autoridades puedan ser consideradas responsables si se demuestra una omisión en sus deberes de protección, de acuerdo con la jurisprudencia española. ¿Cuándo es Responsable el Estado? Para que el Estado responda patrimonialmente, deben concurrir varios requisitos: En el caso de riadas, esto suele relacionarse con la falta de mantenimiento de cauces, infraestructuras hidráulicas o sistemas de prevención de inundaciones. Proceso para Reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado Para iniciar una reclamación, el afectado debe presentar una solicitud de indemnización ante el organismo responsable de la gestión de la infraestructura o del área afectada. El proceso a seguir incluye: Si la administración rechaza la reclamación, el afectado tiene la posibilidad de recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos, quienes pueden evaluar la responsabilidad de la administración en casos como los de inundaciones y riadas. Jurisprudencia y Casos Relevantes En la actualidad, la jurisprudencia en España ha establecido criterios para estos casos, destacando la obligación de las autoridades de actuar diligentemente en la prevención de inundaciones y en la gestión de infraestructuras. Recientes casos señalan a autoridades y responsables de medio ambiente cuando se observa negligencia en la gestión de áreas de riesgo. Conclusión La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de riadas es un proceso complejo que exige pruebas documentales y periciales detalladas. Contar con asesoría legal experta es crucial para maximizar las posibilidades de éxito y asegurar que los afectados reciban una compensación justa por los daños sufridos.

El concepto de inimputabilidad en el derecho penal se refiere a la ausencia de responsabilidad penal de una persona debido a ciertas condiciones que le impiden comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a ese entendimiento. En España, este concepto se basa en el principio de que solo los individuos con capacidad de discernir y controlar sus acciones pueden ser penalmente responsables. 1. Definición de Inimputabilidad La inimputabilidad es una circunstancia excluyente de responsabilidad penal que se aplica cuando el autor de un delito presenta trastornos mentales , discapacidades intelectuales , alteraciones psíquicas , o condiciones especiales que le impiden actuar de manera consciente o voluntaria. 2. Condiciones de Inimputabilidad El Código Penal español, en su artículo 20, establece las causas que excluyen la responsabilidad penal y que determinan la inimputabilidad. Las condiciones principales incluyen: 3. Características de la Inimputabilidad La inimputabilidad se caracteriza por: 4. Medidas Impuestas a los Inimputables Cuando se declara la inimputabilidad, el sistema penal no se desentiende del sujeto. En lugar de penas, se imponen medidas de seguridad , orientadas más a la rehabilitación que al castigo. Estas medidas pueden incluir: Estas son medidas flexibles y adaptativas, adecuándose al estado del individuo y evaluándose periódicamente. En resumen, la inimputabilidad en el derecho penal español busca proteger tanto al individuo inimputable como a la sociedad, considerando su estado mental y las medidas necesarias para evitar la reincidencia o el daño. En Cortés & Co. Abogados somos especialistas en defensa penal, con más de 30 años de experiencia defendiendo con éxito a particulares y empresas

Durante los días festivos, especialmente en épocas como Navidad, los problemas en el cumplimiento del convenio regulador de separación o divorcio se vuelven una preocupación frecuente. Las situaciones de desacuerdo entre los progenitores sobre el tiempo que deben pasar los menores con cada uno pueden complicar lo establecido y generar conflictos legales. En este artículo, analizamos qué se puede hacer ante estos problemas, presentando un caso práctico y explorando las medidas legales disponibles en España. Problemas en el Cumplimiento del Convenio en Festividades La planificación de estancias en días señalados es uno de los temas que más complicaciones trae en los convenios reguladores. Las fechas especiales, como Navidad, Semana Santa o cumpleaños, requieren una distribución cuidadosa, pero no siempre se cumplen los acuerdos por diversas razones: uno de los progenitores se niega a ceder al menor en la fecha establecida, plantea excusas para evitar el intercambio, o surgen conflictos sobre el lugar y la hora de recogida. Estos incumplimientos pueden ocasionar un impacto emocional negativo en los menores y suelen derivar en una creciente tensión entre los padres. Caso práctico Imaginemos el caso de Ana y Roberto, una pareja divorciada con un hijo de diez años. En su convenio regulador, se acordó que el niño pasaría la Navidad de manera alternada, cada año con uno de los progenitores. Sin embargo, Roberto no entregó al niño en la fecha establecida alegando enfermedad del menor, a pesar de que Ana solicitó verlo. Este incumplimiento generó un conflicto y llevó a Ana a buscar asesoramiento legal para exigir el respeto al acuerdo. Medidas Legales Ante Incumplimientos Cuando uno de los progenitores no cumple con el convenio regulador, existen medidas que el otro puede adoptar para garantizar el respeto al acuerdo. Entre las opciones se incluyen: Jurisprudencia relevante La jurisprudencia española ha consolidado la importancia del cumplimiento del convenio regulador en beneficio de los menores. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (STS 171/2015), aborda cuestiones: Esta sentencia sirve como guía para interpretar los derechos y obligaciones de los progenitores respecto al régimen de visitas, y reafirma la postura del Tribunal Supremo en la protección del interés superior del menor ante incumplimiento. La Importancia de Asesorarse con Profesionales Los problemas en el cumplimiento de un convenio regulador pueden ser complejos y difíciles de gestionar sin la asesoría adecuada. En Cortés & Co. Abogados somo especialistas en esta materia con más de 30 años de experiencia.

En España, la regulación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales ha cobrado relevancia debido al uso de cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos. Este tipo de cláusulas, aunque presentes en ciertos contratos, pueden ser impugnadas conforme al Código Civil español, el cual establece las normas y principios para la validez de los acuerdos entre las partes. En Cortés & Co. Abogados, con años de experiencia en derecho inmobiliario, ayudamos a nuestros clientes a identificar y eliminar estas cláusulas abusivas de sus contratos de alquiler. ¿Qué es una cláusula abusiva? Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones impuestas de forma unilateral por una de las partes en el contrato, aprovechando una posición de superioridad, y que generan un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de ambas partes. En los contratos de arrendamiento de locales comerciales, estos términos pueden limitar de forma injusta los derechos del inquilino, mientras favorecen excesivamente al arrendador. Cláusulas abusivas comunes en contratos de locales comerciales Algunas de las cláusulas abusivas más frecuentes en contratos de locales comerciales incluyen: La nulidad de cláusulas abusivas en el Código Civil Español Según el artículo 1255 del Código Civil español, los contratos son válidos y obligatorios siempre que no vayan en contra de la ley, la moral o el orden público. Si una cláusula es abusiva y causa un desequilibrio, puede ser declarada nula en virtud de los artículos 6.3 y 1.258, que establecen que “los actos contrarios a las leyes prohibitivas y a las leyes imperativas son nulos de pleno derecho”. Es decir, una cláusula abusiva no solo puede ser eliminada del contrato, sino que además las partes podrían revertir los efectos negativos que haya causado. Jurisprudencia relevante sobre cláusulas abusivas en alquileres comerciales La jurisprudencia en España ha desarrollado un criterio claro respecto a la nulidad de las cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento comercial. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 367/2021, enfatizó que las cláusulas que limitan los derechos fundamentales del arrendatario sin una justificación proporcional y razonable pueden ser consideradas nulas. En otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sentencia 452/2020) declaró nula una cláusula que imponía al inquilino la obligación de asumir todos los gastos de mantenimiento sin distinción, lo que se consideró desproporcionado y abusivo, en línea con el artículo 1256 del Código Civil. La asesoría de Cortés & Co. Abogados en contratos de alquiler Identificar y eliminar las cláusulas abusivas requiere de un conocimiento especializado en derecho contractual y la aplicación adecuada del Código Civil y la jurisprudencia. En Cortés & Co. Abogados, con más de treinta años de experiencia en el sector inmobiliario, revisamos los contratos de alquiler de nuestros clientes para garantizar que cumplen con la normativa y protegen sus derechos. Desde nuestro despacho, asesoramos tanto a inquilinos como a propietarios para evitar conflictos futuros y defender sus intereses en caso de litigios. En Cortés & Co. Abogados estamos comprometidos en velar por el bienestar legal de nuestros clientes y garantizar que los contratos se ajusten a las leyes vigentes. Conclusión Las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de locales comerciales son un riesgo considerable para los inquilinos, ya que limitan sus derechos y les imponen cargas adicionales. Con el asesoramiento de Cortés & Co. Abogados, expertos en derecho inmobiliario y arrendamientos, se pueden identificar y anular estas estipulaciones injustas, asegurando un contrato equilibrado y justo para ambas partes.

En el sistema judicial español, el proceso de nulidad de actuaciones es una herramienta fundamental para asegurar la protección de derechos procesales y constitucionales, así como para corregir errores graves que puedan afectar el desarrollo y resultado de un procedimiento judicial. En Cortés & Co. Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en la aplicación de este recurso, lo que nos convierte en especialistas para defender los intereses de nuestros clientes con eficacia y profesionalidad. ¿Qué es la Nulidad de Actuaciones? La nulidad de actuaciones se refiere a la posibilidad de declarar inválidas ciertas decisiones o actuaciones procesales dentro de un procedimiento judicial. Este recurso busca subsanar errores que hayan infringido derechos fundamentales o que hayan incurrido en irregularidades procesales graves. De esta forma, se pretende restablecer la legalidad y asegurar el correcto funcionamiento del sistema judicial. Tipos de Nulidad de Actuaciones En el ordenamiento español, existen dos tipos principales de nulidad de actuaciones: Características y Procedimiento Para iniciar un procedimiento de nulidad de actuaciones, se deben cumplir ciertos requisitos específicos que varían según la naturaleza de la nulidad que se alega. En términos generales, el procedimiento cuenta con las siguientes características: La Experiencia de Cortés & Co. Abogados En Cortés & Co. Abogados, entendemos la importancia de defender los derechos de nuestros clientes con las herramientas legales adecuadas. Gracias a nuestra amplia trayectoria y a nuestra experiencia de más de 30 años, somos especialistas en la defensa ante actuaciones nulas, identificando rápidamente los errores que pueden afectar la legitimidad del proceso y actuando de manera efectiva para garantizar la justicia en cada caso.

En las últimas semanas, Valencia ha sido gravemente afectada por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que ha dejado a muchas familias y negocios en situaciones complicadas. Nos solidarizamos profundamente con quienes han sufrido pérdidas o daños. Este tipo de eventos pone en evidencia la necesidad de analizar los derechos y responsabilidades en materia de responsabilidad civil, tanto de las administraciones públicas como de los particulares. ¿Qué es la responsabilidad civil en catástrofes? La responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar el daño causado a terceros, algo que en principio aplica cuando existe culpa o negligencia. Sin embargo, en el caso de fenómenos naturales como la DANA, los eventos suelen considerarse como fuerza mayor, limitando la posibilidad de reclamar a terceros por daños sufridos. Papel del Consorcio de Compensación de Seguros El Consorcio de Compensación de Seguros en España interviene en estos casos excepcionales. Esta entidad cubre los daños causados ​​por eventos extraordinarios, como inundaciones, terremotos o tempestades ciclónicas. Para acceder a esta cobertura, el afectado debe tener una póliza de seguro vigente y seguir un proceso de reclamación específico. Para muchos afectados por la DANA, el Consorcio representa una ayuda imprescindible, proporcionando indemnizaciones para quienes han perdido propiedades, vehículos o han sufrido daños materiales en sus viviendas. Es fundamental que los afectados contacten con sus compañías aseguradoras y soliciten orientación para gestionar estos trámites correctamente. Responsabilidad civil de las administraciones públicas Si bien las catástrofes naturales son eventos imprevisibles, existen ocasiones en que la administración pública puede asumir alguna responsabilidad, especialmente cuando se demuestra que hubo falta de previsión o mantenimiento de infraestructuras que podrían haber minimizado los daños. En este sentido, los tribunales han señalado la importancia de cumplir con los deberes de conservación de vías, canales y otros elementos de infraestructura clave en la prevención de daños. Para casos donde se considere que la administración pudo haber tenido alguna responsabilidad, los afectados pueden iniciar reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Estos procesos son complejos y requieren asesoramiento jurídico para analizar si existen bases sólidas para la recuperación. La importancia de contar con asesoría legal Aconsejamos a quienes han sufrido daños y deseamos explorar vías de compensación que busquen asesoramiento legal. En Cortés & Co. Abogados, pueden encontrar orientación sobre cómo iniciar las reclamaciones pertinentes, ya sea a través del Consorcio de Compensación de Seguros o, en casos específicos, frente a la administración pública. Solidaridad y apoyo para los afectados Desde Cortés & Co. Abogados, enviamos un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados por la DANA en Valencia y otras regiones afectadas. Sabemos que enfrentarse a las secuelas de una catástrofe natural es un proceso difícil, y que el camino hacia la recuperación puede ser largo. También es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de contar con sistemas de protección adecuados y estar informados sobre los derechos de los ciudadanos ante este tipo de eventos.

La ejecución judicial sobre el patrimonio del deudor en la jurisdicción civil es un procedimiento complejo y minucioso que permite a los acreedores reclamar el cumplimiento de sus derechos cuando el deudor no cumple con sus obligaciones de pago. Este proceso tiene como fin garantizar que el deudor responda con sus bienes para satisfacer las deudas pendientes. A continuación, analizamos las principales medidas que se pueden realizar en una ejecución judicial civil en España. 1. Embargo de bienes del deudor El embargo es una de las primeras y más comunes medidas que el juzgado puede ordenar. Se trata de una retención judicial de bienes con el fin de asegurar el pago de la deuda. Los bienes embargados pueden ser muebles, inmuebles, cuentas bancarias o derechos de crédito del deudor. Es importante que el acreedor identifique los bienes susceptibles de embargo para que el juzgado pueda ordenar su ejecución, siguiendo el principio de proporcionalidad. 2. Embargo de sueldos y pensiones El embargo de salarios, pensiones y retribuciones periódicas es una medida común en las ejecuciones judiciales, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, existe una cantidad mínima inembargable que garantiza al deudor unos ingresos básicos, pero el excedente puede ser embargado según el rango de ingresos. Este tipo de embargo es ideal para asegurar pagos recurrentes y continuos hasta la satisfacción de la deuda. 3. Administración judicial de bienes En aquellos casos donde el deudor posea empresas o activos que generen ingresos, el juzgado puede nombrar a un administrador judicial. Este administrador se encarga de gestionar y supervisar los bienes embargados para asegurar que los ingresos generados sean destinados al pago de la deuda. Esta medida garantiza un control riguroso y efectivo del flujo económico del deudor. 4. Subasta de bienes embargados Cuando el embargo de bienes se realiza sobre propiedades que no se pueden liquidar fácilmente, como inmuebles o vehículos, el juzgado puede ordenar su venta a través de una subasta pública. En esta subasta, los bienes se venden al mejor postor, y el monto obtenido se destina a satisfacer la deuda. La subasta es una de las últimas medidas en el proceso de ejecución, siendo una forma de liquidar los bienes inmovilizados del deudor. 5. Intervención de cuentas bancarias La intervención o embargo de cuentas bancarias es otra medida muy efectiva en el proceso de ejecución. El juzgado puede ordenar a las entidades bancarias que bloqueen las cuentas del deudor, permitiendo únicamente las transferencias necesarias para la satisfacción de la deuda. Esta medida es rápida y puede cubrir parte de la deuda cuando el deudor mantiene liquidez en sus cuentas. 6. Embargo de derechos de crédito Si el deudor tiene derechos de crédito frente a terceros, es decir, si tiene pendientes de cobro, estos también pueden ser embargados. En este caso, el acreedor puede solicitar al juzgado que ordene a los deudores de su deudor que paguen directamente al acreedor. Este tipo de embargo es muy común en casos donde el deudor es una empresa o tiene contratos comerciales. 7. Prohibición de disponer de bienes Esta medida implica la anotación de una prohibición en el registro correspondiente (por ejemplo, el Registro de la Propiedad), para evitar que el deudor venda o transfiera sus bienes. Es una medida precautoria que impide al deudor ocultar sus activos, protegiendo así el patrimonio hasta la satisfacción de la deuda. 8. Intervención de activos financieros Activos financieros como acciones, bonos o fondos de inversión también pueden ser embargados. En estos casos, el juzgado ordena la venta o retención de estos activos a través de la entidad financiera correspondiente, canalizando los fondos para satisfacer la deuda. Conclusión Las medidas de ejecución judicial sobre el patrimonio del deudor en la jurisdicción civil están diseñadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Cada una de estas acciones debe ser cuidadosamente evaluada en función de la naturaleza de los bienes del deudor y del valor de la deuda. En Cortés & Co. Abogados, somos especialistas en la ejecución judicial de deudas, brindando asesoramiento integral y actuando con eficiencia para lograr que nuestros clientes recuperen sus derechos y su patrimonio. No dude en contactarnos para una consulta.

En el ámbito de los negocios, contar con un asesor contable competente es fundamental para garantizar una correcta gestión de las obligaciones fiscales y contables. Sin embargo, cuando un asesor incurre en negligencia, puede ocasionar importantes perjuicios económicos a sus clientes, derivando en una posible reclamación de responsabilidad civil. En este artículo, analizamos los aspectos clave de la negligencia en la actividad de un asesor contable y cómo se determina su responsabilidad civil según la legislación española. ¿Qué es la Negligencia de un Asesor Contable? La negligencia, en términos legales, es la omisión de los deberes y obligaciones que un profesional debe cumplir en el desempeño de sus funciones. En el caso de un asesor contable, la negligencia puede manifestarse de diversas formas, como: Responsabilidad Civil de los Asesores Contables La responsabilidad civil de los asesores contables en España se basa en el Código Civil y, en el Código de Comercio dando lugar a: Requisitos para Determinar la Responsabilidad Para que se considere que un asesor contable es responsable civilmente, se debe cumplir En muchos casos, la prueba de la relación causal entre el daño y la negligencia requiere la presentación de informes periciales, que pueden ser elaborados por otros profesionales en contabilidad o finanzas. Procedimiento para reclamar por negligencia Si un cliente decide reclamar por la negligencia de un asesor contable, puede hacerlo por la vía judicial, generalmente en el ámbito civil. El proceso suele incluir los siguientes pasos: ¿Cómo evitar problemas con el Asesor Contable? Para evitar conflictos y posibles daños derivados de la negligencia de un asesor contable, se recomienda a los clientes: Conclusión La negligencia en la actividad de los asesores contables puede tener graves consecuencias para los negocios y particulares que confían en ellos. En España, la ley permite reclamar por los daños y perjuicios causados, siempre que se demuestre el incumplimiento de las obligaciones y la relación causal con el daño. En Cortés & Co. Abogados , contamos con especialistas en responsabilidad civil que pueden asesorar y representar a los clientes que han sufrido pérdidas debido a la negligencia de un asesor. Si necesitas apoyo para defender tus intereses, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho.

El acoso laboral, también conocido como mobbing, es una problemática creciente en los entornos de trabajo que puede tener graves repercusiones para las víctimas, los acosadores y las propias empresas. En España, la legislación es clara al condenar cualquier conducta que atente contra la dignidad y salud mental de un empleado. En este artículo, abordamos el marco legal, las consecuencias y las medidas preventivas que deben implementarse en las empresas para combatir esta problemática. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral se define como un comportamiento abusivo y persistente, ejercido en el lugar de trabajo, que tiene como objetivo humillar, intimidar o degradar a la persona afectada. Este tipo de violencia puede presentarse de diversas maneras: El acoso laboral no solo afecta gravemente la salud mental y física de la víctima, sino que también tiene repercusiones legales y financieras para el acosador y la empresa. Marco legal en España La legislación española contempla el acoso laboral como un delito punible. Dos marcos legales clave son el Código Penal y la Ley de Igualdad, que obligan a las empresas a tomar medidas para proteger a sus empleados. Según el artículo 173 del Código Penal, cualquier acto de acoso laboral, especialmente si es continuado, puede conllevar sanciones penales. Además, la Ley de Igualdad y otras normativas laborales españolas imponen a las empresas el deber de garantizar un entorno libre de discriminación y acoso. Consecuencias legales del acoso laboral Medidas preventivas contra el acoso laboral Para evitar el acoso, es fundamental que las empresas implementen políticas de prevención y sensibilización. A continuación, se presentan algunas medidas recomendadas: Derechos de las víctimas de acoso laboral Las víctimas de acoso laboral en España tienen varios recursos legales y apoyo: Conclusión El acoso laboral es una realidad que requiere de atención inmediata y una respuesta firme. La responsabilidad de las empresas es esencial para crear entornos laborales seguros y libres de hostigamiento. Además de prevenir situaciones que pueden resultar en graves sanciones legales, las políticas de prevención también promueven la productividad y el bienestar de todos los empleados. Las personas que enfrentan este tipo de situaciones pueden encontrar apoyo y asesoramiento especializado en Cortés & Co. Abogados, un despacho con años de experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la creación de entornos laborales justos y saludables. Ante cualquier caso de acoso, es fundamental contar con el respaldo de profesionales legales que puedan guiar el proceso y proteger los intereses de la víctima. AcosoLaboral #DerechosLaborales #PrevencionEnElTrabajo #LegalAdvice #CortesAndCoAbogados

En situaciones de separación o divorcio, uno de los aspectos más sensibles y prioritarios es la protección de los hijos menores. Existen diversas medidas legales que pueden ser solicitadas para garantizar la seguridad, el bienestar y la estabilidad de los menores. Cortés & Co. Abogados, con amplia experiencia en derecho de familia, ofrece asesoramiento especializado en estas situaciones, guiando a los padres para que obtengan las medidas adecuadas para proteger a sus hijos, en especial frente a la sustracción internacional. 1. Medidas Cautelares: Protección de los Menores Cuando el proceso de separación o divorcio está en curso, el juez puede dictar cautelares para asegurar medidas Estas medidas temporales pueden convertirse en definitivas si el tribunal así lo estima en el momento de emitir la sentencia final 2. Medidas de Protección Judicial: Impidiendo la Sustracción Internacional La sustracción internacional de menores se refiere a la acción de uno de los progenitores de trasladar al hijo a otro país sin el consentimiento del otro progenitor o sin autorización judicial. Para prevenir este riesgo, se pueden solicitar diversos procedimientos Retención del Pasaporte del Menor Una medida efectiva para evitar que el menor salga del país es la retención de su pasaporte. b) Notificación a Fronteras y Aeropuertos En caso de riesgo de sustracción internacional, se puede solicitar que el tribunal emita una orden de alerta a las autoridades fronterizas, puertos y aeropuertos. Esto implica que si el menor intenta salir del país sin autorización judicial, se informe a las autoridades pertinentes, y se procede a impedir su salida hasta aclarar la situación. c) Autorización Judicial para Viajar al Extranjero Otra medida es la exigencia de autorización judicial para cualquier viaje internacional del menor. Esto implica que, aunque ambos progenitores estén de acuerdo en un viaje, deberán solicitar autorización judicial, aportando la documentación correspondiente y especificando los motivos y detalles del viaje. Esta medida garantiza un control judicial adicional sobre los desplazamientos del menor. 3. Modificación de Medidas: Adaptación a Nuevas Circunstancias Una vez acordadas las medidas iniciales, pueden surgir cambios en las circunstancias de uno o ambos progenitores que ameriten una modificación de las medidas establecidas. Por ejemplo, si uno de los progenitores obtiene una oferta de trabajo en el extranjero, puede solicitar una modificación de las medidas de custodia y visitas para adaptarlas a su nueva situación. Sin embargo, el tribunal siempre velará por que el menor no quede en situación de vulnerabilidad ni expuesto a un riesgo de sustracción. En estos casos, es importante contar con el asesoramiento de abogados especialistas como Cortés & Co. Abogados, quienes, con más de 30 años de experiencia en derecho de familia, guiarán a los padres para presentar una solicitud sólida ante el juez, ajustada a la legislación vigente ya las circunstancias específicas del caso. 4. Medidas de Protección Internacional: Convenio de La Haya España es parte del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores . Este convenio facilita la cooperación entre los países firmantes para lograr la restitución inmediata de menores que han sido trasladados o retenidos en otro país de forma ilícita. Si uno de los progenitores logra trasladar al menor al extranjero, Cortés & Co. Abogados puede gestionar la aplicación del convenio, solicitando la intervención de las autoridades para la localización y restitución del menor. El Convenio de La Haya no solo protege los derechos del progenitor que residen en España, sino que también ampara los derechos del menor a mantener una relación estable y protegida con ambos padres. Por ello, en casos de alta conflictividad y riesgo, es fundamental tener presente esta herramienta jurídica. 5. Consejos para la Protección de los Menores Además de las medidas judiciales, existen recomendaciones prácticas que los padres pueden seguir para proteger a sus hijos: En conclusión, la protección de los hijos en procesos de separación o divorcio implica una serie de medidas legales destinadas a velar por su bienestar y estabilidad. Cortés & Co. Abogados está comprometido a acompañar a los padres en cada paso del proceso, asegurando que las medidas tomadas sean las más adecuadas para la situación y brindando la tranquilidad de que los derechos y la seguridad de los menores estarán protegidos.