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¿Qué es la pensión compensatoria en divorcio? La pensión compensatoria es una prestación económica que se establece en casos de separación y divorcio para equilibrar las diferencias económicas entre los cónyuges. La pensión compensatoria es un elemento clave en los procedimientos de separación y divorcio, diseñado para corregir los desequilibrios económicos que puedan surgir entre los cónyuges tras la disolución del matrimonio. Este instrumento busca garantizar que ninguna de las partes quede en una situación de desventaja económica desproporcionada. En este artículo, abordaremos los criterios principales para su cálculo, las disposiciones legales pertinentes y la importancia de contar con una representación legal especializada como la de Cortés & Co. Abogados en Málaga. El cálculo de la compensación económica tras el divorcio varía en función de diversos factores, incluyendo la duración del matrimonio y la situación financiera de cada parte Modificación o extinción de la pensión compensatoria en divorcio La pensión compensatoria en divorcio puede modificarse o incluso extinguirse si cambian las circunstancias que la motivaron. Por ejemplo, si quien la recibe mejora notablemente su situación económica o si inicia una nueva convivencia estable, el pagador puede solicitar al juzgado una revisión de las condiciones. Es importante revisar periódicamente si se mantienen los motivos que justificaron la concesión inicial. ¿Quién tiene derecho a recibir una pensión compensatoria en divorcio? La pensión compensatoria en divorcio no se concede automáticamente a todos los cónyuges. Solo puede solicitarla quien haya sufrido un desequilibrio económico real como consecuencia directa de la ruptura. Es decir, debe demostrarse que el nivel de vida tras el divorcio será considerablemente inferior al que se tenía durante el matrimonio, y que ese cambio no puede compensarse por medios propios. ¿Es obligatoria la pensión compensatoria en divorcio? No, la pensión compensatoria en divorcio no es obligatoria. Su concesión depende de las circunstancias específicas de cada pareja. Si ambos cónyuges cuentan con recursos económicos similares y no hay desequilibrio, el juez puede decidir que no procede. Además, puede acordarse de forma temporal o indefinida, dependiendo del caso. Importancia del asesoramiento legal Contar con asesoramiento especializado es fundamental para solicitar o defenderse frente a una pensión compensatoria en divorcio. Un abogado experto puede ayudar a valorar correctamente la situación económica, reunir la documentación necesaria y presentar un caso sólido ante el juez. Además, es clave para negociar acuerdos que eviten litigios largos y costosos. Marco Legal La regulación de la pensión compensatoria en España se encuentra en el Código Civil, concretamente en el artículo 97, que establece: «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una compensación, que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.» Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 770, regula los procedimientos contenciosos relacionados con la separación y el divorcio, incluyendo la solicitud y fijación de la pensión compensatoria. Factores clave para calcular la pensión compensatoria El cálculo de la pensión compensatoria se basa en una evaluación integral de diversos factores, entre los que destacan: La jurisprudencia reciente también ha tenido un impacto significativo en la interpretación de estos factores. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 97/2023 de 20 de febrero, reafirmó la importancia de ponderar el desequilibrio económico concreto derivado de la contribución desigual a la economía familiar durante el matrimonio. Jurisprudencia Reciente La aplicación de la pensión compensatoria ha sido objeto de numerosas decisiones judiciales. Algunas de las resoluciones más destacadas incluyen: La Importancia de una Asesoría Legal Especializada Los procedimientos de separación y divorcio son complejos y requieren un conocimiento profundo de la legislación y la jurisprudencia aplicable. En Cortés & Co. Abogados, contamos con un equipo especializado en derecho de familia dispuesto a ofrecerle la mejor defensa legal en Málaga. Nuestros profesionales trabajan de manera personalizada para garantizar que sus derechos sean protegidos y que cualquier desequilibrio económico sea equitativamente compensado. Contacte con Nosotros Si está enfrentando un proceso de separación o divorcio y necesita asesoramiento sobre la pensión compensatoria, no dude en ponerse en contacto con Cortés & Co. Abogados. Le ofrecemos una consulta inicial sin compromiso para analizar su caso y proponerle las soluciones más adecuadas. Teléfono: 610724022Correo Electrónico: cortes.co.abogados@gmail.comDirección: Calle Córdoba nº 6, 29001 Málaga En resumen, para evitar conflictos futuros, es fundamental contar con asesoría legal especializada en el cálculo de la pensión compensatoria en divorcio.

La disolución de una sociedad civil en España plantea diversas implicaciones legales que deben ser conocidas por quienes forman parte de este tipo de entidades. En esta guía te explicamos cuándo procede su disolución, los pasos del procedimiento y las consecuencias jurídicas que conlleva. La sociedad civil es una figura jurídica contemplada en el Código Civil español que permite a dos o más personas unirse mediante un contrato para llevar a cabo una actividad con un fin común, compartiendo beneficios y obligaciones. Este tipo de sociedad, caracterizada por su carácter personalista y la ausencia de personalidad jurídica independiente, es especialmente útil para proyectos pequeños o familiares. Causas legales de la disolución de una sociedad civil en España Según el Código Civil español, la disolución de la sociedad civil en España puede producirse por diversas causas legales como el cumplimiento del objeto social, la voluntad de los socios o circunstancias sobrevenidas que impidan su funcionamiento. La disolución de una sociedad civil está regulada por los artículos 1.700 y siguientes del Código Civil. Las causas comunes para su disolución incluyen: Procedimiento de Disolución El proceso de disolución varía dependiendo de si existe acuerdo entre los comuneros o no. En los procedimientos de disolución de sociedad civil en España, es importante que los socios documenten adecuadamente el acuerdo, evitando conflictos posteriores en la fase de liquidación. Disolución por Acuerdo de los Comuneros La disolución de una sociedad civil en España puede realizarse de forma consensuada cuando todos los comuneros están de acuerdo en poner fin a la relación societaria. Este tipo de disolución suele ser más ágil y menos conflictiva, ya que permite planificar conjuntamente los pasos legales y económicos necesarios, incluyendo la liquidación del patrimonio común. Cuando hay consenso entre los socios, el proceso es relativamente sencillo: Disolución sin Acuerdo entre los Comuneros Cuando no existe consenso entre los socios, la disolución de una sociedad civil en España puede volverse compleja y requerir intervención judicial. En estos casos, uno o varios comuneros pueden solicitar la disolución alegando causas legales como el incumplimiento de las obligaciones, la imposibilidad de cumplir el objeto social o el perjuicio continuado a sus intereses. En caso de desacuerdo, el proceso puede ser más complejo y, en muchos casos, requiere intervención judicial: Cortés & Co. Abogados: Su Mejor Aliado en Málaga La disolución de una sociedad civil puede ser un proceso complejo, especialmente cuando surgen desacuerdos entre los socios. En Cortés & Co. Abogados, contamos con un equipo de expertos en derecho civil y societario que le guiará durante todo el proceso, asegurando que se respeten sus derechos y se alcance la mejor solución posible. Como el mejor despacho en Málaga, estamos comprometidos con ofrecer un servicio personalizado, eficiente y de la más alta calidad. En definitiva, conocer el procedimiento de disolución de una sociedad civil en España resulta fundamental para evitar conflictos entre socios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales. Si necesita asesoramiento legal o desea iniciar el proceso de disolución de una sociedad civil, no dude en contactar con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.

La regularización de extranjeros en situación irregular en España es un proceso que puede abrir las puertas a una vida estable y llena de oportunidades. Este trámite permite a personas sin papeles obtener un permiso de residencia y, en algunos casos, de trabajo. Si te encuentras en esta situación o conoces a alguien que lo esté, te explicamos todo lo que necesitas saber para dar el primer paso. ¿Qué es la Regularización? La regularización de extranjeros en España, también conocida como «arraigo social, laboral o familiar», es un procedimiento legal que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener un permiso de residencia en España. Este proceso está regulado por la Ley de Extranjería y requiere cumplir ciertos requisitos que varían según la modalidad. Principales Tipos de Arraigo Documentación Requerida Plazos y Resolución El plazo de resolución de estas solicitudes suele ser de 3 meses desde su presentación. En caso de no recibir una respuesta en este periodo, se considera denegada por silencio administrativo. ¿Por Qué Elegir a Cortés & Co. Abogados? En Cortés & Co. Abogados, somos expertos en la regularización de extranjeros en España y tenemos una amplia trayectoria ayudando a personas en situaciones similares a la tuya. Nuestro equipo te guiará en cada paso del proceso, asegurándote una gestión eficiente y personalizada. Contamos con abogados especializados en la regularización de extranjeros en España que te ayudarán a preparar toda la documentación necesaria y te representarán ante las autoridades competentes. Nuestro único objetivo es garantizarte el éxito en tu solicitud de regularización. ¡Contáctanos Hoy Mismo! No dejes pasar más tiempo y regulariza tu situación en España con el apoyo de los mejores profesionales. Llama ahora al 610 724 022 o visítanos para una consulta personalizada. Estamos aquí para ayudarte a transformar tu futuro. Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos legales y actualizaciones importantes sobre extranjería. ¡Tu tranquilidad es nuestra prioridad!

La evolución del derecho laboral español ha sido una respuesta constante a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que han marcado el último siglo. Desde la protección mínima al trabajador hasta los retos del teletrabajo, la gig economy o la inteligencia artificial, el marco jurídico laboral ha debido adaptarse para seguir siendo útil y eficaz. Comprender esta evolución es clave para anticiparse a los desafíos del futuro del empleo. Con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, se estableció la base normativa que rige las relaciones laborales en la actualidad. Desde entonces, el derecho laboral ha tenido que adaptarse a múltiples transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Principales hitos en la evolución del derecho laboral español En las últimas décadas, el derecho del trabajo ha vivido varias reformas significativas. Algunas de las más importantes han sido: Estas reformas reflejan la tensión constante entre la flexibilidad que demandan las empresas y la estabilidad y derechos que exigen los trabajadores. El teletrabajo en España: adaptación legal y retos prácticos Aspectos legales del trabajo a distancia El trabajo a distancia ha obligado al legislador a actualizar el marco jurídico. Esta modalidad requiere acuerdos por escrito, derecho a la desconexión digital y evaluación de riesgos en el hogar del trabajador. La regulación aún debe avanzar en temas como vigilancia digital o salud mental, aspectos esenciales en esta nueva fase de la evolución del derecho laboral español. La crisis sanitaria de la COVID-19 aceleró la implantación del trabajo remoto, obligando a muchas empresas y profesionales a adaptarse rápidamente. Este cambio estructural dio lugar a un nuevo marco legal que regula el teletrabajo, centrado en la voluntariedad, la formalización por escrito, la compensación de gastos y el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, surgen nuevos interrogantes: Para más información sobre los derechos y obligaciones en esta modalidad, puedes consultar la guía publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Economía de plataformas: redefiniendo el concepto de trabajador La gig economy ha generado una nueva categoría de trabajadores que se sitúan entre el empleo tradicional y el autoempleo. La Ley Rider ha intentado corregir el abuso de los falsos autónomos, aunque todavía existen vacíos legales que exigen atención. Esta nueva realidad exige seguir desarrollando la evolución del derecho laboral español para proteger a estos profesionales. ¿Qué implica trabajar para plataformas digitales? La gig economy o economía de plataformas ha transformado el concepto tradicional de empleo. Conductores, repartidores y otros trabajadores que prestan servicios mediante aplicaciones suelen operar bajo la figura del autónomo. Sin embargo, en muchos casos, la dependencia económica, la falta de autonomía real y la subordinación hacen que estos trabajadores deban ser considerados asalariados. La Ley Rider (RDL 9/2021) supuso un paso importante al presumir laboralidad en el trabajo de reparto mediante plataformas digitales. Aun así, este modelo plantea desafíos: Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya están analizando estas nuevas formas de empleo y proponiendo marcos regulatorios más inclusivos. Inteligencia artificial y la evolución del derecho laboral español La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral no solo afecta a sectores tecnológicos. Cada vez más empresas utilizan algoritmos para evaluar rendimientos, gestionar horarios, filtrar currículums o tomar decisiones disciplinarias. Esto obliga a repensar los límites del control empresarial y a reforzar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. La futura legislación laboral deberá incluir: El Informe sobre el Futuro del Trabajo de la OIT señala que la regulación de la tecnología debe centrarse en el ser humano para evitar nuevas formas de desigualdad laboral. Conclusión: Una constante evolución del derecho laboral español La evolución del derecho laboral español muestra una adaptación constante a los cambios del entorno económico y tecnológico. Hoy más que nunca, se necesita un marco jurídico que proteja los derechos laborales sin frenar la innovación. En Cortés & Co. Abogados, acompañamos a empresas y trabajadores a anticiparse a estos cambios. Nuestro equipo está preparado para ofrecer soluciones eficaces ante los desafíos del teletrabajo, la gig economy y la transformación digital del empleo.

La regulación de la inteligencia artificial se ha convertido en un reto urgente para los legisladores. A medida que la IA avanza en sectores clave como el trabajo y la medicina, crece la necesidad de establecer límites legales claros que garanticen la protección de derechos fundamentales. Desde procesos de selección laboral hasta diagnósticos médicos, su aplicación es cada vez más frecuente. Pero este avance tecnológico también ha generado nuevas preguntas legales:¿Quién es responsable si un algoritmo falla? ¿Puede una empresa despedir basándose en una decisión automatizada? ¿Se protege adecuadamente la privacidad de los pacientes? La regulación de la inteligencia artificial es hoy una prioridad tanto a nivel europeo como nacional. En esta entrada exploramos cómo se está abordando jurídicamente su uso en dos sectores especialmente sensibles: el laboral y el médico. ¿Por qué es necesaria la regulación de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede optimizar procesos y ahorrar costes, pero también conlleva riesgos graves: Por ello, la regulación busca establecer límites claros, garantizar la responsabilidad de los actores implicados y proteger los derechos de las personas afectadas. El Reglamento de la UE sobre regulación de la inteligencia artificial (AI Act) El AI Act, aprobado en 2024 por el Parlamento Europeo, es la primera norma integral que regula la IA en la Unión Europea. Clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo: 1. Riesgo inaceptable Están prohibidos. Incluyen: 2. Riesgo alto Incluye aplicaciones en: Estos sistemas deben cumplir requisitos estrictos: auditorías, supervisión humana, trazabilidad de datos y transparencia. 3. Riesgo limitado Por ejemplo, chatbots o asistentes virtuales. Se exige informar al usuario de que está interactuando con una IA. 4. Riesgo mínimo Ejemplos: filtros de spam, algoritmos de recomendación. No requieren obligaciones especiales. 🔎 Importante: Este reglamento será directamente aplicable en España y las empresas deberán adaptarse antes de 2026. Regulación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral Uso de IA en procesos de selección y despido Muchas empresas utilizan ya sistemas automatizados para analizar currículos o tomar decisiones sobre contrataciones y despidos. El problema es que estas herramientas pueden discriminar sin intención humana directa, por ejemplo, excluyendo a mujeres embarazadas o personas mayores. 📌 Ejemplo real: En 2023, una empresa tecnológica fue sancionada por basar un despido en una puntuación generada por IA sin justificar los criterios del algoritmo. ¿Qué exige la legislación? Según el AI Act y la Ley de Protección de Datos española: Además, el artículo 22 del RGPD prohíbe decisiones completamente automatizadas que afecten significativamente a una persona, salvo ciertas excepciones. 🛑 Advertencia legal: El uso de IA para monitorizar a empleados (por ejemplo, registrar pausas o movimientos) puede considerarse una invasión de la intimidad y ha sido ya objeto de inspecciones por parte de la AEPD. Regulación de la inteligencia artificial en sanidad y medicina IA para diagnósticos y tratamientos Cada vez más hospitales utilizan IA para: Aunque estas herramientas mejoran la precisión, no pueden sustituir la evaluación clínica humana. Retos jurídicos principales 1. Responsabilidad médica Si la IA se equivoca, ¿quién responde? El médico, el hospital o el fabricante del software. La ley aún no ofrece una solución clara, por lo que se están desarrollando nuevas normativas de responsabilidad algorítmica. 2. Consentimiento informado El paciente debe saber si una IA ha intervenido en su diagnóstico o tratamiento. No basta con incluirlo en la letra pequeña. 3. Protección de datos Los sistemas deben cumplir el RGPD y garantizar el anonimato de los datos médicos. Los historiales son especialmente sensibles y su uso por IA requiere medidas reforzadas de seguridad. ⚖️ Normativa aplicable en España: Conclusión: una regulación de la inteligencia artificial con garantías La regulación de la inteligencia artificial busca un equilibrio delicado: garantizar la innovación tecnológica sin poner en riesgo los derechos fundamentales. En sectores como el laboral y el médico, donde las decisiones automatizadas pueden afectar profundamente a las personas, es esencial contar con normas claras, transparencia y control humano. Empresas, hospitales y desarrolladores deben adaptarse al nuevo marco legal y actuar con responsabilidad. Y los ciudadanos deben conocer sus derechos frente a las decisiones tomadas por máquinas. Enlaces útiles y fuentes oficiales ¿Necesitas asesoramiento legal sobre IA? En Cortés & Co. Abogados te ayudamos a adaptar tu empresa o centro sanitario a la nueva normativa sobre inteligencia artificial.📞 Contáctanos para una consulta personalizada.

El retraso en el pago del alquiler es una de las causas más frecuentes de conflicto entre arrendadores e inquilinos. Aunque muchos creen que es necesario dejar de pagar durante varios meses para que el arrendador pueda resolver el contrato, la realidad jurídica es distinta. En este artículo te explicamos cuándo un simple retraso en el pago puede justificar la resolución del contrato de arrendamiento, qué criterios siguen los tribunales y qué pasos debes seguir si te enfrentas a esta situación, ya seas propietario o inquilino. Para profundizar en la normativa sobre arrendamientos, consulta el texto completo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Qué dice la ley sobre el retraso en el pago del alquiler? La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el arrendador puede resolver el contrato si el arrendatario no paga la renta o cualquiera de las cantidades debidas dentro del plazo estipulado. Esto significa que el mero retraso en el pago, incluso de un solo mes, puede ser motivo legal para resolver el contrato. No es necesario que se acumulen varios impagos ni que el inquilino actúe de mala fe. También te puede interesar nuestro artículo sobre Derechos y obligaciones del arrendatario. ¿Qué entiende la jurisprudencia por “retraso en el pago del alquiler”? Aunque la LAU es clara, la interpretación de los tribunales varía según el caso. El Tribunal Supremo ha analizado esta cuestión en diversas sentencias, destacando dos criterios importantes: Si el inquilino paga tarde de forma habitual, aunque finalmente cumpla con el pago, el arrendador puede alegar un incumplimiento constante del contrato. 1. El carácter reiterado del retraso 📌 Ejemplo: si un inquilino paga todos los meses con más de 10 días de retraso durante varios años, el arrendador podría solicitar la resolución por incumplimiento reiterado. 2. La existencia de perjuicio al arrendador Si el retraso afecta económicamente al arrendador o le genera inseguridad jurídica, el juez podría valorar este hecho como causa suficiente para extinguir el contrato. 📌 Ejemplo: si el arrendador depende del alquiler para pagar su hipoteca y los retrasos le impiden cumplir con sus obligaciones bancarias. ¿Un solo retraso basta para resolver el contrato? Sí, un solo retraso puede justificar la resolución, especialmente si: No obstante, el juez valorará cada caso individualmente. En algunos casos, si el retraso ha sido puntual, breve y sin intención de impago, el contrato puede mantenerse vigente. ¿Qué puede hacer el arrendador ante un retraso en el pago del alquiler? Si el inquilino no paga a tiempo, el arrendador debe seguir estos pasos: 1. Requerimiento formal de pago Se recomienda enviar un burofax con acuse de recibo, solicitando el pago de la renta en un plazo determinado (por ejemplo, 5 días). ⚠️ Este paso es fundamental si se quiere iniciar un juicio posteriormente. 2. Ofrecimiento de acuerdo amistoso En muchos casos, un acuerdo extrajudicial es más rápido y económico. Se puede pactar un calendario de pagos o establecer penalizaciones por retraso. 3. Demanda de desahucio por impago Si no hay respuesta o el inquilino sigue incumpliendo, se puede presentar una demanda de desahucio por impago ante el juzgado correspondiente. ¿Y si soy inquilino y me retraso en el pago del alquiler? Si eres inquilino y te retrasaste en el pago de la renta, es importante que: En algunos casos, puedes evitar el desahucio si pagas la deuda antes del juicio. Esto se conoce como enervación del desahucio y solo se permite una vez durante la vigencia del contrato. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo de 2015? En la Sentencia del TS 278/2015, el Supremo estableció que el incumplimiento reiterado del pago de la renta, aunque se pague con retraso, puede justificar la resolución del contrato, incluso si los pagos se efectúan finalmente. Esto refuerza la idea de que no solo importa pagar, sino pagar puntualmente. Recomendaciones finales Tanto si eres arrendador como arrendatario, estas son algunas recomendaciones clave: ✅ Incluye cláusulas claras en el contrato, indicando la fecha exacta de pago y posibles penalizaciones.✅ Actúa con rapidez si hay incumplimientos. La pasividad puede interpretarse como aceptación.✅ Busca asesoramiento legal especializado si el conflicto se mantiene. Un abogado puede ayudarte a evitar errores procesales. Conclusión El retraso en el pago del alquiler no es un asunto menor. Puede ser causa de resolución del contrato de arrendamiento incluso si el pago finalmente se realiza.Conocer tus derechos y obligaciones como arrendador o arrendatario es fundamental para evitar conflictos y proteger tus intereses. En Cortés & Co. Abogados, somos especialistas en arrendamientos urbanos. Si necesitas asesoramiento, contacta con nosotros y estudiaremos tu caso sin compromiso.

A partir del 1 de enero de 2025, el nuevo IRAV 2025 (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sustituye al IPC como valor de referencia para actualizar la renta de los contratos de alquiler de vivienda firmados tras el 26 de mayo de 2023. Este nuevo indicador busca ofrecer una mayor estabilidad y transparencia en la actualización de rentas, evitando subidas desproporcionadas. ¿Qué es el IRAV 2025 y cómo se calcula? El IRAV 2025 se define como el menor valor entre tres indicadores: Según los datos disponibles de mayo de 2025, el IRAV 2025 se sitúa en el 1,99%, una cifra que refleja un crecimiento moderado de los precios del alquiler frente al IPC. ¿A quién aplica el IRAV 2025? Este índice se aplica a los contratos de alquiler de vivienda habitual firmados después del 26 de mayo de 2023. En estos casos: Importante: El IRAV no aplica a contratos de arrendamiento de locales, trasteros, garajes, viviendas de uso turístico ni a contratos anteriores a mayo de 2023, salvo pacto expreso. Comparativa: IRAV 2025 vs IPC Históricamente, el IPC ha sido el índice utilizado para actualizar los alquileres, pero en contextos inflacionarios ha generado subidas considerables. Con el IRAV, las subidas quedan contenidas. Por ejemplo: Esta modulación busca proteger a los inquilinos sin desalentar la oferta. Ventajas y críticas del nuevo IRAV Ventajas: Críticas: Aplicación práctica del IRAV 2025 El INE publica mensualmente el IRAV, coincidiendo con la publicación del IPC. El Ministerio de Vivienda ofrece una calculadora online para que inquilinos y propietarios puedan aplicar fácilmente el índice. Ejemplo práctico: IRAV en zonas tensionadas En las zonas de mercado residencial tensionado, el IRAV también sirve para establecer el límite máximo en la renta de los nuevos contratos, según la Ley de Vivienda 12/2023. Recursos últiles Conclusión El IRAV 2025 representa un cambio relevante en la forma de actualizar los alquileres de vivienda habitual en España. Su objetivo es proteger a los inquilinos ante la inflación, sin perjudicar excesivamente a los arrendadores. En un mercado en tensión como el actual, es fundamental conocer y aplicar correctamente este índice. ¿Necesitas asesoramiento sobre el IRAV o tu contrato de alquiler? En Cortés & Co. Abogados estamos especializados en derecho inmobiliario. Si tienes dudas sobre cómo aplicar el IRAV, actualizar tu contrato o defender tus derechos como arrendador o inquilino, contacta con nuestro equipo para una consulta personalizada. 👉 Contáctanos hoy mismo y te ayudamos a tomar la mejor decisión. El IRAV representa un cambio relevante en la forma de actualizar los alquileres de vivienda habitual en España. Su objetivo es proteger a los inquilinos ante la inflación, sin perjudicar excesivamente a los arrendadores. En un mercado en tensión como el actual, es fundamental conocer y aplicar correctamente este índice.

En el ámbito legal, enfrentar una denuncia falsa puede tener graves consecuencias, tanto para la reputación personal como para el ámbito profesional del afectado. Afortunadamente, el ordenamiento jurídico contempla medidas para proteger a las personas injustamente acusadas. Este artículo aborda las acciones legales que se pueden emprender en estos casos, los requisitos necesarios y la importancia de contar con una asesoría especializada como la de Cortés & Co. Abogados. Acciones legales ante una denuncia falsa Requisitos y recomendaciones La importancia de Cortés & Co. Abogados En situaciones tan delicadas como las derivadas de una denuncia falsa, la experiencia y profesionalidad son factores determinantes para garantizar una defensa eficaz. En Cortés & Co. Abogados ofrecemos: Si te encuentras en la difícil situación de ser víctima de una denuncia falsa, no dudes en contactar con nosotros. En Cortés & Co. Abogados estamos aquí para defenderte con la firmeza y profesionalidad que mereces.

¿Tienes facturas impagadas o un cliente que no responde tras varios recordatorios? En España, existe una vía rápida y eficaz para reclamar judicialmente deudas sin necesidad de un juicio largo: el proceso monitorio. Se trata de un procedimiento legal simplificado que permite a particulares, autónomos y empresas recuperar cantidades económicas pendientes, siempre que la deuda esté debidamente documentada. Este mecanismo, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, destaca por su agilidad y bajo coste en comparación con otros procedimientos judiciales. En esta guía te explicamos qué es exactamente el proceso monitorio, qué requisitos debe cumplir una deuda para poder reclamarla por esta vía, y qué ventajas ofrece frente a otros métodos de reclamación. ¿Qué es el Proceso Monitorio? El proceso monitorio es un procedimiento judicial que permite al acreedor reclamar una deuda dineraria, de carácter civil o mercantil, que sea determinada, vencida y exigible. Este proceso se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, concretamente en los artículos 812 a 818. Ventajas del Proceso Monitorio Una de las principales ventajas del proceso monitorio es que evita un juicio largo si el deudor no se opone. Requisitos para Iniciar un Proceso Monitorio Para iniciar un proceso monitorio, es necesario que la deuda sea líquida, vencida, exigible y esté documentada. El Procedimiento Paso a Paso ¿Por Qué Elegir a Cortes & Co Abogados? Si tienes facturas impagadas o préstamos personales sin devolver, el proceso monitorio puede ser la solución legal más sencilla. En Cortes & Co Abogados somos especialistas en la gestión de reclamaciones de deudas mediante el proceso monitorio. Nuestro despacho cuenta con un equipo de expertos altamente cualificados que garantizan un asesoramiento integral y una representación eficaz en todas las etapas del procedimiento. ¿Qué nos hace los mejores? Confiar en Cortes & Co Abogados significa optar por una solución ágil, eficiente y orientada a resultados. No deje que las deudas afecten su tranquilidad financiera. Contacte con nosotros y permítanos ayudarle a recuperar lo que le pertenece.

La prueba ilícita en el proceso penal es uno de los elementos más controvertidos del procedimiento judicial. Su análisis resulta esencial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la investigación y enjuiciamiento de delitos. En el ámbito del proceso penal español, la garantía de los derechos fundamentales de las partes se erige como uno de los pilares esenciales. Un aspecto crucial en este sentido es la regulación y tratamiento de la prueba ilícita, particularmente en relación con el atestado policial y las diligencias practicadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En Cortés & Co. Abogados, contamos con amplia experiencia en la defensa de derechos procesales, incluyendo la impugnación de pruebas obtenidas de manera irregular. ¿Qué se considera prueba ilícita en el proceso penal? La prueba ilícita, según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es aquella obtenida de forma que se vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. En el ámbito penal, el uso de este tipo de pruebas puede afectar gravemente la validez del proceso y las garantías de un juicio justo. El atestado policial y sus requisitos de validez El atestado policial constituye un documento oficial que recoge las primeras actuaciones y diligencias practicadas por la policía en relación con un hecho delictivo. Aunque tiene valor probatorio, su eficacia está condicionada al cumplimiento estricto de ciertos requisitos legales: Cuando se aporta una prueba ilícita en el proceso penal, el tribunal debe valorar si dicha prueba vulnera derechos fundamentales y si su nulidad afecta al resto del procedimiento. Consecuencias de una prueba ilícita en el proceso penal La declaración de nulidad de un atestado o de las diligencias policiales puede tener un impacto significativo en el desarrollo del proceso penal: Cómo actuar ante la prueba ilícita Si sospecha que en su caso se han empleado pruebas obtenidas de manera ilícita, es fundamental actuar con rapidez y contar con el asesoramiento de abogados especializados. En Cortés & Co. Abogados somos expertos en la defensa de derechos fundamentales y en la impugnación de pruebas irregulares, garantizando un proceso justo para nuestros clientes. Por qué elegir a Cortés & Co. Abogados Nuestra firma cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito del derecho penal, con un equipo de profesionales especializados en procedimientos complejos y en la defensa de los derechos procesales. Nos comprometemos a ofrecer un servicio personalizado y efectivo, respaldado por nuestra amplia experiencia y conocimiento del sistema judicial español. Si necesita asesoramiento o desea más información, no dude en contactarnos. En Cortés & Co. Abogados, su defensa es nuestra prioridad.