Mes: noviembre 2024

El delito de suplantación de identidad se refiere a la acción de hacerse pasar por otra persona con el propósito de obtener algún beneficio, causar un perjuicio o realizar actos ilícitos. En España, este delito se encuentra tipificado en el artículo 401 el Código Penal, pero puede venir acompañado de otras figuras delictivas dependiendo del contexto, como la falsedad documental, el fraude o el acceso ilícito a sistemas informáticos. El artículo 401 del Código Penal y la usurpación de estado civil El artículo 401 del Código Penal español regula específicamente la usurpación de estado civil, que guarda estrecha relación con la suplantación de identidad en ciertos contextos. Este artículo establece: «El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.» Ámbito de aplicación La usurpación de estado civil implica asumir la identidad de otra persona en su integridad, presentándose de manera continua como ese individuo en actos legales, sociales o administrativos. No basta con un uso esporádico de datos personales; es necesario que la conducta demuestre una intención de adoptar el estado civil completo de la persona suplantada. Elementos clave del delito Relación con la suplantación de identidad Aunque el artículo 401 no regula de manera genérica todas las formas de suplantación de identidad, sirve para abordar los casos más graves y continuados, como el uso prolongado de la identidad de otra persona en actos legales, la celebración de contratos, o incluso la solicitud de servicios o beneficios públicos en nombre del suplantado. Ejemplos prácticos Penas y agravantes La pena prevista es de seis meses a tres años de prisión, con posibilidad de agravantes en casos donde: Jurisprudencia relevante La interpretación del artículo 401 ha sido analizada en diversas sentencias. Por ejemplo: Este artículo resulta clave para sancionar las conductas más graves relacionadas con la suplantación de identidad, complementando otras figuras delictivas del Código Penal. Requisitos para considerar la suplantación de identidad como delito Para que la suplantación de identidad sea considerada un acto delictivo, deben concurrir ciertos requisitos que dependen del contexto en el que ocurra. Entre los principales: Conductas asociadas al delito La suplantación de identidad puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo: Jurisprudencia relevante Los tribunales en España han tratado la suplantación de identidad bajo diversas tipificaciones penales dependiendo de las circunstancias. Algunas resoluciones jurisprudenciales de interés incluyen: Consecuencias legales Dependiendo de la tipificación concreta, las penas pueden variar: Prevención y recomendaciones Para evitar ser víctima de suplantación de identidad: En caso de ser víctima, es fundamental acudir a la Policía o Guardia Civil, presentar una denuncia y aportar pruebas como capturas de pantalla o comunicaciones que evidencien la suplantación.

La inclusión educativa es un principio que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o condiciones, tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. En este contexto, los alumnos con necesidades especiales requieren atención específica y adaptaciones para asegurar su desarrollo académico y personal en un entorno inclusivo. ¿Qué significa inclusión educativa? La inclusión implica integrar a todos los estudiantes en aulas regulares, promoviendo el aprendizaje conjunto y la participación activa. Este enfoque reconoce la diversidad como un valor positivo, adaptando el currículo, las metodologías y los recursos para responder a las necesidades de cada estudiante. Los alumnos con necesidades especiales incluyen a aquellos con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, trastornos del espectro autista (TEA), trastornos del aprendizaje, y problemas emocionales o de conducta, entre otros. Legislación Aplicable en Materia de Inclusión Educativa La inclusión educativa está respaldada por normativas nacionales e internacionales que establecen el marco legal para garantizar los derechos de los estudiantes con necesidades especiales. Normativa Internacional Legislación en España Derechos que Pueden Reivindicar las Familias Las familias tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos de sus hijos y pueden exigir el cumplimiento de las normativas que garantizan una educación inclusiva. Algunos derechos clave son: Derechos del Alumno Derechos de la Familia Acciones Recomendadas para las Familias Conclusión La inclusión educativa no solo es un derecho, sino una necesidad para construir sociedades más equitativas. La colaboración entre familias, docentes y administraciones es esencial para garantizar que los alumnos con necesidades especiales reciban una educación de calidad en un entorno que fomente su desarrollo integral. Las familias tienen el derecho y el deber de exigir el cumplimiento de las normativas que aseguran la igualdad de oportunidades, asegurándose de que sus hijos alcancen su máximo potencial.

El Seguro Escolar es una herramienta fundamental del sistema educativo y sanitario en España, diseñada para proteger a los estudiantes ante determinados riesgos durante su etapa formativa. Regulada inicialmente por la Ley de 17 de julio de 1953, y complementada por otras disposiciones, esta legislación busca garantizar cobertura sanitaria y económica a los estudiantes menores de 28 años en caso de accidentes, enfermedades y situaciones específicas relacionadas con su actividad académica. A continuación, se exploran los aspectos clave de esta normativa y su aplicación práctica. ¿Qué es el Seguro Escolar? El Seguro Escolar es un régimen obligatorio para los estudiantes españoles que cursan estudios oficiales, como educación secundaria, bachillerato, formación profesional, y estudios universitarios. Los alumnos deben estar matriculados en centros reconocidos por el sistema educativo español y haber abonado la cuota correspondiente (incluida en la matrícula). El objetivo principal del Seguro Escolar es proporcionar asistencia y compensaciones en casos de: Cobertura del Seguro Escolar Asistencia médica El seguro cubre gastos médicos derivados de accidentes escolares o enfermedades específicas, siempre dentro del sistema público de salud o de centros concertados. En casos graves, como enfermedades mentales, tuberculosis o intervenciones quirúrgicas complejas, el Seguro Escolar también puede financiar tratamientos especializados. Prestaciones económicas En situaciones en las que el estudiante no pueda continuar con sus estudios debido a enfermedades graves o accidentes, se ofrecen prestaciones económicas. Estas incluyen ayudas por incapacidad o subsidios en caso de hospitalización. Rehabilitación y maternidad El Seguro Escolar incluye programas de rehabilitación física para estudiantes con secuelas graves y apoyo a las jóvenes madres estudiantes, como asistencia médica y, en algunos casos, ayudas económicas para favorecer su reincorporación académica. Aplicaciones prácticas del Seguro Escolar Limitaciones y desafíos Aunque el Seguro Escolar es un recurso valioso, también enfrenta ciertas limitaciones: Conclusión El Seguro Escolar en España es una herramienta de protección fundamental para los estudiantes. Su implementación práctica demuestra su utilidad en la atención a accidentes, enfermedades y situaciones específicas, favoreciendo la continuidad educativa y el bienestar de los jóvenes. Sin embargo, para que su impacto sea mayor, es necesario promover su conocimiento entre la población estudiantil y simplificar los procedimientos administrativos. En un contexto en el que la educación es una prioridad, el Seguro Escolar refuerza el compromiso del Estado con el derecho a la formación en condiciones seguras y dignas.

El impuesto de plusvalía municipal, conocido formalmente como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es un tributo que los ayuntamientos en España cobran al transmitir una propiedad urbana, ya sea por venta, donación o herencia. En el caso de la aceptación de herencias en Málaga, este impuesto es relevante cuando se adquiere una vivienda o terreno urbano como parte del legado. Aspectos clave del impuesto de plusvalía en herencias en Málaga: 1. ¿Qué grava el impuesto de plusvalía? Este impuesto grava el aumento del valor del terreno donde se encuentra la propiedad urbana durante el tiempo que el fallecido la tuvo en su posesión. No se aplica al valor del edificio, sino únicamente al del terreno. 2. ¿Quién debe pagarlo? En caso de herencia, los herederos o legatarios son los responsables de abonar este impuesto. 3. Plazo para liquidar el impuesto En Málaga, el plazo para liquidar el impuesto de plusvalía tras una herencia es de 6 meses desde el fallecimiento, aunque se puede solicitar una prórroga por otros 6 meses antes de que finalice el plazo inicial. Tramitación del impuesto de plusvalía en Málaga 1. Solicitud de autoliquidación El trámite se realiza ante el Ayuntamiento de Málaga, generalmente en el Departamento de Hacienda Local. 2. Documentación necesaria Para presentar la autoliquidación o declaración de la plusvalía, se requiere la siguiente documentación: 3. Modalidades de cálculo El cálculo del impuesto se puede realizar mediante dos métodos, tras los cambios normativos de 2021: El contribuyente puede elegir el método más favorable. 4. Presentación del trámite El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Málaga o a través de su sede electrónica, si se dispone de un certificado digital. Exenciones y bonificaciones En Málaga, pueden aplicarse las siguientes exenciones o bonificaciones en el impuesto de plusvalía: Recomendaciones finales El Ayuntamiento de Málaga dispone de información adicional y asistencia presencial o telemática para resolver dudas. Es importante consultar siempre la normativa vigente, ya que puede variar en función de actualizaciones legales recientes.

Cuando una autoridad judicial ordena la entrada y registro en una vivienda, acompañada de la incautación de dispositivos electrónicos, como material informático y teléfonos móviles, se deben respetar ciertos derechos fundamentales del investigado. Este proceso está regulado para garantizar que se preserve tanto el principio de legalidad como los derechos constitucionales. 1. Derecho a la inviolabilidad del domicilio El domicilio es un espacio protegido por el artículo 18.2 de la Constitución Española, que establece que es inviolable. Cualquier registro o entrada en una vivienda requiere una orden judicial previa, salvo situaciones excepcionales, como la flagrancia de un delito o el consentimiento expreso del residente. 2. Orden judicial motivada La entrada y registro deben estar respaldadas por una orden judicial debidamente fundamentada. Esto implica: 3. Derecho a la presencia del investigado El investigado tiene derecho a estar presente durante el registro, salvo que existan motivos excepcionales (como el riesgo de que el investigado obstaculice la actuación judicial). Además, tiene derecho a ser informado del contenido de la orden y a comprender los motivos de la diligencia. 4. Derecho a contar con asistencia letrada El investigado puede solicitar la presencia de su abogado durante el registro para garantizar que se respeten sus derechos y evitar posibles abusos. Si no tiene abogado en ese momento, puede requerir la designación de uno de oficio. 5. Derecho a la confidencialidad y protección de la intimidad Cuando se incauta material informático, móviles u otros dispositivos, es fundamental respetar la privacidad del investigado. Esto incluye: 6. Derecho a un acta detallada del registro Al finalizar el registro, se debe redactar un acta en la que conste: 7. Proporcionalidad en la incautación Los agentes están obligados a incautar únicamente los objetos que guarden relación directa con la investigación. La incautación indiscriminada o excesiva puede ser objeto de impugnación judicial. 8. Impugnación de irregularidades Si el investigado considera que se han vulnerado sus derechos (por ejemplo, por falta de orden judicial válida, registro abusivo o incautación de bienes irrelevantes), puede impugnar la actuación. Entre las vías legales se encuentran: 9. Derecho a la devolución de los bienes incautados Si los dispositivos o bienes incautados no son necesarios para la investigación o no tienen relación con el delito investigado, el investigado tiene derecho a que se le devuelvan. Esta devolución debe solicitarse formalmente ante el juez que instruye el caso. Conclusión La entrada y registro de un domicilio, así como la incautación de dispositivos electrónicos, son medidas restrictivas de derechos que solo pueden llevarse a cabo bajo estrictas garantías legales. El investigado tiene una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento, garantizando un equilibrio entre la necesidad de investigar posibles delitos y la protección de las libertades individuales.

En el ámbito del derecho, la conducción bajo los efectos del alcohol es una infracción que puede generar sanciones tanto administrativas como penales. Sin embargo, la coexistencia de estas dos vías sancionadoras ha generado controversias sobre la posible vulneración del principio non bis in idem, que impide castigar a una persona dos veces por el mismo hecho. Este artículo explora las implicaciones legales, las normativas aplicables y los debates jurisprudenciales en torno a la incompatibilidad de las sanciones administrativas y penales en casos de alcoholemia. Alcoholemia: un problema de seguridad vial y jurídico El consumo de alcohol al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico en el mundo. Por ello, legislaciones como el Código Penal y la normativa de tráfico de numerosos países establecen severas medidas para prevenir y sancionar esta conducta. En España, por ejemplo, el artículo 379 del Código Penal regula los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, mientras que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece las sanciones administrativas correspondientes. Estas sanciones pueden incluir: El principio non bis in idem El principio non bis in idem, recogido en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en diversos ordenamientos nacionales, prohíbe que una persona sea sancionada más de una vez por el mismo hecho, siempre que concurran los mismos elementos objetivos, subjetivos y jurídicos. En casos de alcoholemia, surge la duda de si aplicar una sanción administrativa (como la retirada del permiso de conducir) y una penal (como prisión o multa) podría violar este principio. La respuesta depende de cómo se interpreten la naturaleza y los objetivos de cada tipo de sanción. Diferenciación entre sanciones administrativas y penales Las sanciones administrativas tienen un carácter preventivo y disuasorio, orientado a proteger la seguridad vial y prevenir accidentes. Por su parte, las sanciones penales buscan reprobar y castigar conductas que ponen en grave riesgo la vida e integridad de las personas. A pesar de esta diferencia de objetivos, en algunos casos la línea divisoria entre ambas sanciones se difumina. Por ejemplo: Jurisprudencia y debates actuales El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha abordado en varias ocasiones la compatibilidad de las sanciones administrativas y penales. En su jurisprudencia, se ha permitido cierta coexistencia siempre que las sanciones persigan objetivos diferentes y exista una conexión temporal y material entre ellas. En España, el Tribunal Constitucional también ha matizado el alcance del principio non bis in idem. En la sentencia 2/2003, se estableció que las sanciones administrativas y penales pueden coexistir si cumplen funciones complementarias. Sin embargo, cuando ambas sanciones tienen efectos similares y no se justifican de forma independiente, podrían considerarse incompatibles. Posibles soluciones al conflicto Para evitar vulneraciones del principio non bis in idem, se han propuesto diversas medidas: Conclusión La incompatibilidad de las sanciones administrativas y penales en casos de alcoholemia es un tema complejo que exige un equilibrio entre la eficacia sancionadora y el respeto a los derechos fundamentales. Una solución adecuada debe garantizar la seguridad vial sin vulnerar el principio non bis in idem, promoviendo un sistema sancionador justo, claro y eficiente. Si bien la coexistencia de sanciones puede justificarse en algunos casos, es fundamental que los legisladores y tribunales establezcan criterios claros para evitar duplicidades y asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos.

En un reciente caso judicial, el equipo de Cortés & Co. Abogados ha conseguido una victoria significativa en defensa de un cliente víctima de un ataque de phishing bancario contra Unicaja. Este tipo de fraude informático, que afecta cada año a miles de usuarios de banca online, puede generar importantes pérdidas económicas para quienes caen en él. Gracias a la amplia experiencia del despacho, este cliente ha conseguido recuperar sus fondos y obtener justicia. ¿Qué es el phishing y cómo afecta a los usuarios bancarios? El phishing es un método de estafa online en el que los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias u otros organismos oficiales para obtener datos personales y contraseñas. En este caso, la entidad financiera imputaba a la víctima la realización de varios pago realizados mediante bizum a un receptor desconocido por una suma total de 1.500 euros. El caso: cómo Cortés & Co. Abogados logró la victoria A pesar de que las entidades bancarias suelen intentar eximir su responsabilidad alegando negligencia del usuario, Cortés & Co. Abogados demostró que Unicaja no implementó suficientes medidas de seguridad para prevenir el fraude. Se argumentó que el banco no cumplía plenamente con los protocolos exigidos para la protección de datos sensibles, y que, en situaciones como esta, la seguridad del cliente debe ser prioridad. El equipo legal de Cortés & Co. Abogados presentó pruebas y alegatos que destacaron las siguientes fallas de seguridad: El fallo judicial ha obligado a Unicaja a devolver la cantidad sustraída de la cuenta del cliente, reconociendo la responsabilidad del banco en la falta de seguridad que llevó al robo de datos y fondos. La importancia de una defensa especializada Este caso subraya la importancia de contar con un equipo jurídico especializado y experimentado en derecho bancario y nuevas tecnologías. En Cortés & Co. Abogados, somos pioneros en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios frente a entidades bancarias, con una trayectoria de éxito en demandas relacionadas con fraudes online y vulneración de la seguridad de datos. ¿Has sido víctima de phishing o fraude bancario? Contáctanos para obtener una consulta especializada. En Cortés & Co. Abogados, nuestro equipo está preparado para defender tus derechos y recuperar tu patrimonio. #CortesAbogados #FraudeBancario #Phishing #Unicaja #DerechoBancario #DefensaAlConsumidor

En situaciones de desastres naturales, como las riadas, la responsabilidad patrimonial del Estado puede entrar en juego cuando los afectados sufren daños debido a una gestión inadecuada de infraestructuras o la falta de medidas de prevención por parte de la administración. Esta responsabilidad implica que las autoridades puedan ser consideradas responsables si se demuestra una omisión en sus deberes de protección, de acuerdo con la jurisprudencia española. ¿Cuándo es Responsable el Estado? Para que el Estado responda patrimonialmente, deben concurrir varios requisitos: En el caso de riadas, esto suele relacionarse con la falta de mantenimiento de cauces, infraestructuras hidráulicas o sistemas de prevención de inundaciones. Proceso para Reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado Para iniciar una reclamación, el afectado debe presentar una solicitud de indemnización ante el organismo responsable de la gestión de la infraestructura o del área afectada. El proceso a seguir incluye: Si la administración rechaza la reclamación, el afectado tiene la posibilidad de recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos, quienes pueden evaluar la responsabilidad de la administración en casos como los de inundaciones y riadas. Jurisprudencia y Casos Relevantes En la actualidad, la jurisprudencia en España ha establecido criterios para estos casos, destacando la obligación de las autoridades de actuar diligentemente en la prevención de inundaciones y en la gestión de infraestructuras. Recientes casos señalan a autoridades y responsables de medio ambiente cuando se observa negligencia en la gestión de áreas de riesgo. Conclusión La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de riadas es un proceso complejo que exige pruebas documentales y periciales detalladas. Contar con asesoría legal experta es crucial para maximizar las posibilidades de éxito y asegurar que los afectados reciban una compensación justa por los daños sufridos.

El concepto de inimputabilidad en el derecho penal se refiere a la ausencia de responsabilidad penal de una persona debido a ciertas condiciones que le impiden comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a ese entendimiento. En España, este concepto se basa en el principio de que solo los individuos con capacidad de discernir y controlar sus acciones pueden ser penalmente responsables. 1. Definición de Inimputabilidad La inimputabilidad es una circunstancia excluyente de responsabilidad penal que se aplica cuando el autor de un delito presenta trastornos mentales , discapacidades intelectuales , alteraciones psíquicas , o condiciones especiales que le impiden actuar de manera consciente o voluntaria. 2. Condiciones de Inimputabilidad El Código Penal español, en su artículo 20, establece las causas que excluyen la responsabilidad penal y que determinan la inimputabilidad. Las condiciones principales incluyen: 3. Características de la Inimputabilidad La inimputabilidad se caracteriza por: 4. Medidas Impuestas a los Inimputables Cuando se declara la inimputabilidad, el sistema penal no se desentiende del sujeto. En lugar de penas, se imponen medidas de seguridad , orientadas más a la rehabilitación que al castigo. Estas medidas pueden incluir: Estas son medidas flexibles y adaptativas, adecuándose al estado del individuo y evaluándose periódicamente. En resumen, la inimputabilidad en el derecho penal español busca proteger tanto al individuo inimputable como a la sociedad, considerando su estado mental y las medidas necesarias para evitar la reincidencia o el daño. En Cortés & Co. Abogados somos especialistas en defensa penal, con más de 30 años de experiencia defendiendo con éxito a particulares y empresas

Durante los días festivos, especialmente en épocas como Navidad, los problemas en el cumplimiento del convenio regulador de separación o divorcio se vuelven una preocupación frecuente. Las situaciones de desacuerdo entre los progenitores sobre el tiempo que deben pasar los menores con cada uno pueden complicar lo establecido y generar conflictos legales. En este artículo, analizamos qué se puede hacer ante estos problemas, presentando un caso práctico y explorando las medidas legales disponibles en España. Problemas en el Cumplimiento del Convenio en Festividades La planificación de estancias en días señalados es uno de los temas que más complicaciones trae en los convenios reguladores. Las fechas especiales, como Navidad, Semana Santa o cumpleaños, requieren una distribución cuidadosa, pero no siempre se cumplen los acuerdos por diversas razones: uno de los progenitores se niega a ceder al menor en la fecha establecida, plantea excusas para evitar el intercambio, o surgen conflictos sobre el lugar y la hora de recogida. Estos incumplimientos pueden ocasionar un impacto emocional negativo en los menores y suelen derivar en una creciente tensión entre los padres. Caso práctico Imaginemos el caso de Ana y Roberto, una pareja divorciada con un hijo de diez años. En su convenio regulador, se acordó que el niño pasaría la Navidad de manera alternada, cada año con uno de los progenitores. Sin embargo, Roberto no entregó al niño en la fecha establecida alegando enfermedad del menor, a pesar de que Ana solicitó verlo. Este incumplimiento generó un conflicto y llevó a Ana a buscar asesoramiento legal para exigir el respeto al acuerdo. Medidas Legales Ante Incumplimientos Cuando uno de los progenitores no cumple con el convenio regulador, existen medidas que el otro puede adoptar para garantizar el respeto al acuerdo. Entre las opciones se incluyen: Jurisprudencia relevante La jurisprudencia española ha consolidado la importancia del cumplimiento del convenio regulador en beneficio de los menores. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (STS 171/2015), aborda cuestiones: Esta sentencia sirve como guía para interpretar los derechos y obligaciones de los progenitores respecto al régimen de visitas, y reafirma la postura del Tribunal Supremo en la protección del interés superior del menor ante incumplimiento. La Importancia de Asesorarse con Profesionales Los problemas en el cumplimiento de un convenio regulador pueden ser complejos y difíciles de gestionar sin la asesoría adecuada. En Cortés & Co. Abogados somo especialistas en esta materia con más de 30 años de experiencia.