Sin categoría

Cuando una autoridad judicial ordena la entrada y registro en una vivienda, acompañada de la incautación de dispositivos electrónicos, como material informático y teléfonos móviles, se deben respetar ciertos derechos fundamentales del investigado. Este proceso está regulado para garantizar que se preserve tanto el principio de legalidad como los derechos constitucionales. 1. Derecho a la inviolabilidad del domicilio El domicilio es un espacio protegido por el artículo 18.2 de la Constitución Española, que establece que es inviolable. Cualquier registro o entrada en una vivienda requiere una orden judicial previa, salvo situaciones excepcionales, como la flagrancia de un delito o el consentimiento expreso del residente. 2. Orden judicial motivada La entrada y registro deben estar respaldadas por una orden judicial debidamente fundamentada. Esto implica: 3. Derecho a la presencia del investigado El investigado tiene derecho a estar presente durante el registro, salvo que existan motivos excepcionales (como el riesgo de que el investigado obstaculice la actuación judicial). Además, tiene derecho a ser informado del contenido de la orden y a comprender los motivos de la diligencia. 4. Derecho a contar con asistencia letrada El investigado puede solicitar la presencia de su abogado durante el registro para garantizar que se respeten sus derechos y evitar posibles abusos. Si no tiene abogado en ese momento, puede requerir la designación de uno de oficio. 5. Derecho a la confidencialidad y protección de la intimidad Cuando se incauta material informático, móviles u otros dispositivos, es fundamental respetar la privacidad del investigado. Esto incluye: 6. Derecho a un acta detallada del registro Al finalizar el registro, se debe redactar un acta en la que conste: 7. Proporcionalidad en la incautación Los agentes están obligados a incautar únicamente los objetos que guarden relación directa con la investigación. La incautación indiscriminada o excesiva puede ser objeto de impugnación judicial. 8. Impugnación de irregularidades Si el investigado considera que se han vulnerado sus derechos (por ejemplo, por falta de orden judicial válida, registro abusivo o incautación de bienes irrelevantes), puede impugnar la actuación. Entre las vías legales se encuentran: 9. Derecho a la devolución de los bienes incautados Si los dispositivos o bienes incautados no son necesarios para la investigación o no tienen relación con el delito investigado, el investigado tiene derecho a que se le devuelvan. Esta devolución debe solicitarse formalmente ante el juez que instruye el caso. Conclusión La entrada y registro de un domicilio, así como la incautación de dispositivos electrónicos, son medidas restrictivas de derechos que solo pueden llevarse a cabo bajo estrictas garantías legales. El investigado tiene una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento, garantizando un equilibrio entre la necesidad de investigar posibles delitos y la protección de las libertades individuales.

En el ámbito del derecho, la conducción bajo los efectos del alcohol es una infracción que puede generar sanciones tanto administrativas como penales. Sin embargo, la coexistencia de estas dos vías sancionadoras ha generado controversias sobre la posible vulneración del principio non bis in idem, que impide castigar a una persona dos veces por el mismo hecho. Este artículo explora las implicaciones legales, las normativas aplicables y los debates jurisprudenciales en torno a la incompatibilidad de las sanciones administrativas y penales en casos de alcoholemia. Alcoholemia: un problema de seguridad vial y jurídico El consumo de alcohol al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico en el mundo. Por ello, legislaciones como el Código Penal y la normativa de tráfico de numerosos países establecen severas medidas para prevenir y sancionar esta conducta. En España, por ejemplo, el artículo 379 del Código Penal regula los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, mientras que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece las sanciones administrativas correspondientes. Estas sanciones pueden incluir: El principio non bis in idem El principio non bis in idem, recogido en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en diversos ordenamientos nacionales, prohíbe que una persona sea sancionada más de una vez por el mismo hecho, siempre que concurran los mismos elementos objetivos, subjetivos y jurídicos. En casos de alcoholemia, surge la duda de si aplicar una sanción administrativa (como la retirada del permiso de conducir) y una penal (como prisión o multa) podría violar este principio. La respuesta depende de cómo se interpreten la naturaleza y los objetivos de cada tipo de sanción. Diferenciación entre sanciones administrativas y penales Las sanciones administrativas tienen un carácter preventivo y disuasorio, orientado a proteger la seguridad vial y prevenir accidentes. Por su parte, las sanciones penales buscan reprobar y castigar conductas que ponen en grave riesgo la vida e integridad de las personas. A pesar de esta diferencia de objetivos, en algunos casos la línea divisoria entre ambas sanciones se difumina. Por ejemplo: Jurisprudencia y debates actuales El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha abordado en varias ocasiones la compatibilidad de las sanciones administrativas y penales. En su jurisprudencia, se ha permitido cierta coexistencia siempre que las sanciones persigan objetivos diferentes y exista una conexión temporal y material entre ellas. En España, el Tribunal Constitucional también ha matizado el alcance del principio non bis in idem. En la sentencia 2/2003, se estableció que las sanciones administrativas y penales pueden coexistir si cumplen funciones complementarias. Sin embargo, cuando ambas sanciones tienen efectos similares y no se justifican de forma independiente, podrían considerarse incompatibles. Posibles soluciones al conflicto Para evitar vulneraciones del principio non bis in idem, se han propuesto diversas medidas: Conclusión La incompatibilidad de las sanciones administrativas y penales en casos de alcoholemia es un tema complejo que exige un equilibrio entre la eficacia sancionadora y el respeto a los derechos fundamentales. Una solución adecuada debe garantizar la seguridad vial sin vulnerar el principio non bis in idem, promoviendo un sistema sancionador justo, claro y eficiente. Si bien la coexistencia de sanciones puede justificarse en algunos casos, es fundamental que los legisladores y tribunales establezcan criterios claros para evitar duplicidades y asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos.

En un reciente caso judicial, el equipo de Cortés & Co. Abogados ha conseguido una victoria significativa en defensa de un cliente víctima de un ataque de phishing bancario contra Unicaja. Este tipo de fraude informático, que afecta cada año a miles de usuarios de banca online, puede generar importantes pérdidas económicas para quienes caen en él. Gracias a la amplia experiencia del despacho, este cliente ha conseguido recuperar sus fondos y obtener justicia. ¿Qué es el phishing y cómo afecta a los usuarios bancarios? El phishing es un método de estafa online en el que los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias u otros organismos oficiales para obtener datos personales y contraseñas. En este caso, la entidad financiera imputaba a la víctima la realización de varios pago realizados mediante bizum a un receptor desconocido por una suma total de 1.500 euros. El caso: cómo Cortés & Co. Abogados logró la victoria A pesar de que las entidades bancarias suelen intentar eximir su responsabilidad alegando negligencia del usuario, Cortés & Co. Abogados demostró que Unicaja no implementó suficientes medidas de seguridad para prevenir el fraude. Se argumentó que el banco no cumplía plenamente con los protocolos exigidos para la protección de datos sensibles, y que, en situaciones como esta, la seguridad del cliente debe ser prioridad. El equipo legal de Cortés & Co. Abogados presentó pruebas y alegatos que destacaron las siguientes fallas de seguridad: El fallo judicial ha obligado a Unicaja a devolver la cantidad sustraída de la cuenta del cliente, reconociendo la responsabilidad del banco en la falta de seguridad que llevó al robo de datos y fondos. La importancia de una defensa especializada Este caso subraya la importancia de contar con un equipo jurídico especializado y experimentado en derecho bancario y nuevas tecnologías. En Cortés & Co. Abogados, somos pioneros en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios frente a entidades bancarias, con una trayectoria de éxito en demandas relacionadas con fraudes online y vulneración de la seguridad de datos. ¿Has sido víctima de phishing o fraude bancario? Contáctanos para obtener una consulta especializada. En Cortés & Co. Abogados, nuestro equipo está preparado para defender tus derechos y recuperar tu patrimonio. #CortesAbogados #FraudeBancario #Phishing #Unicaja #DerechoBancario #DefensaAlConsumidor

En situaciones de desastres naturales, como las riadas, la responsabilidad patrimonial del Estado puede entrar en juego cuando los afectados sufren daños debido a una gestión inadecuada de infraestructuras o la falta de medidas de prevención por parte de la administración. Esta responsabilidad implica que las autoridades puedan ser consideradas responsables si se demuestra una omisión en sus deberes de protección, de acuerdo con la jurisprudencia española. ¿Cuándo es Responsable el Estado? Para que el Estado responda patrimonialmente, deben concurrir varios requisitos: En el caso de riadas, esto suele relacionarse con la falta de mantenimiento de cauces, infraestructuras hidráulicas o sistemas de prevención de inundaciones. Proceso para Reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado Para iniciar una reclamación, el afectado debe presentar una solicitud de indemnización ante el organismo responsable de la gestión de la infraestructura o del área afectada. El proceso a seguir incluye: Si la administración rechaza la reclamación, el afectado tiene la posibilidad de recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos, quienes pueden evaluar la responsabilidad de la administración en casos como los de inundaciones y riadas. Jurisprudencia y Casos Relevantes En la actualidad, la jurisprudencia en España ha establecido criterios para estos casos, destacando la obligación de las autoridades de actuar diligentemente en la prevención de inundaciones y en la gestión de infraestructuras. Recientes casos señalan a autoridades y responsables de medio ambiente cuando se observa negligencia en la gestión de áreas de riesgo. Conclusión La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de riadas es un proceso complejo que exige pruebas documentales y periciales detalladas. Contar con asesoría legal experta es crucial para maximizar las posibilidades de éxito y asegurar que los afectados reciban una compensación justa por los daños sufridos.

El concepto de inimputabilidad en el derecho penal se refiere a la ausencia de responsabilidad penal de una persona debido a ciertas condiciones que le impiden comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a ese entendimiento. En España, este concepto se basa en el principio de que solo los individuos con capacidad de discernir y controlar sus acciones pueden ser penalmente responsables. 1. Definición de Inimputabilidad La inimputabilidad es una circunstancia excluyente de responsabilidad penal que se aplica cuando el autor de un delito presenta trastornos mentales , discapacidades intelectuales , alteraciones psíquicas , o condiciones especiales que le impiden actuar de manera consciente o voluntaria. 2. Condiciones de Inimputabilidad El Código Penal español, en su artículo 20, establece las causas que excluyen la responsabilidad penal y que determinan la inimputabilidad. Las condiciones principales incluyen: 3. Características de la Inimputabilidad La inimputabilidad se caracteriza por: 4. Medidas Impuestas a los Inimputables Cuando se declara la inimputabilidad, el sistema penal no se desentiende del sujeto. En lugar de penas, se imponen medidas de seguridad , orientadas más a la rehabilitación que al castigo. Estas medidas pueden incluir: Estas son medidas flexibles y adaptativas, adecuándose al estado del individuo y evaluándose periódicamente. En resumen, la inimputabilidad en el derecho penal español busca proteger tanto al individuo inimputable como a la sociedad, considerando su estado mental y las medidas necesarias para evitar la reincidencia o el daño. En Cortés & Co. Abogados somos especialistas en defensa penal, con más de 30 años de experiencia defendiendo con éxito a particulares y empresas

Durante los días festivos, especialmente en épocas como Navidad, los problemas en el cumplimiento del convenio regulador de separación o divorcio se vuelven una preocupación frecuente. Las situaciones de desacuerdo entre los progenitores sobre el tiempo que deben pasar los menores con cada uno pueden complicar lo establecido y generar conflictos legales. En este artículo, analizamos qué se puede hacer ante estos problemas, presentando un caso práctico y explorando las medidas legales disponibles en España. Problemas en el Cumplimiento del Convenio en Festividades La planificación de estancias en días señalados es uno de los temas que más complicaciones trae en los convenios reguladores. Las fechas especiales, como Navidad, Semana Santa o cumpleaños, requieren una distribución cuidadosa, pero no siempre se cumplen los acuerdos por diversas razones: uno de los progenitores se niega a ceder al menor en la fecha establecida, plantea excusas para evitar el intercambio, o surgen conflictos sobre el lugar y la hora de recogida. Estos incumplimientos pueden ocasionar un impacto emocional negativo en los menores y suelen derivar en una creciente tensión entre los padres. Caso práctico Imaginemos el caso de Ana y Roberto, una pareja divorciada con un hijo de diez años. En su convenio regulador, se acordó que el niño pasaría la Navidad de manera alternada, cada año con uno de los progenitores. Sin embargo, Roberto no entregó al niño en la fecha establecida alegando enfermedad del menor, a pesar de que Ana solicitó verlo. Este incumplimiento generó un conflicto y llevó a Ana a buscar asesoramiento legal para exigir el respeto al acuerdo. Medidas Legales Ante Incumplimientos Cuando uno de los progenitores no cumple con el convenio regulador, existen medidas que el otro puede adoptar para garantizar el respeto al acuerdo. Entre las opciones se incluyen: Jurisprudencia relevante La jurisprudencia española ha consolidado la importancia del cumplimiento del convenio regulador en beneficio de los menores. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (STS 171/2015), aborda cuestiones: Esta sentencia sirve como guía para interpretar los derechos y obligaciones de los progenitores respecto al régimen de visitas, y reafirma la postura del Tribunal Supremo en la protección del interés superior del menor ante incumplimiento. La Importancia de Asesorarse con Profesionales Los problemas en el cumplimiento de un convenio regulador pueden ser complejos y difíciles de gestionar sin la asesoría adecuada. En Cortés & Co. Abogados somo especialistas en esta materia con más de 30 años de experiencia.

En España, la regulación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales ha cobrado relevancia debido al uso de cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos. Este tipo de cláusulas, aunque presentes en ciertos contratos, pueden ser impugnadas conforme al Código Civil español, el cual establece las normas y principios para la validez de los acuerdos entre las partes. En Cortés & Co. Abogados, con años de experiencia en derecho inmobiliario, ayudamos a nuestros clientes a identificar y eliminar estas cláusulas abusivas de sus contratos de alquiler. ¿Qué es una cláusula abusiva? Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones impuestas de forma unilateral por una de las partes en el contrato, aprovechando una posición de superioridad, y que generan un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de ambas partes. En los contratos de arrendamiento de locales comerciales, estos términos pueden limitar de forma injusta los derechos del inquilino, mientras favorecen excesivamente al arrendador. Cláusulas abusivas comunes en contratos de locales comerciales Algunas de las cláusulas abusivas más frecuentes en contratos de locales comerciales incluyen: La nulidad de cláusulas abusivas en el Código Civil Español Según el artículo 1255 del Código Civil español, los contratos son válidos y obligatorios siempre que no vayan en contra de la ley, la moral o el orden público. Si una cláusula es abusiva y causa un desequilibrio, puede ser declarada nula en virtud de los artículos 6.3 y 1.258, que establecen que “los actos contrarios a las leyes prohibitivas y a las leyes imperativas son nulos de pleno derecho”. Es decir, una cláusula abusiva no solo puede ser eliminada del contrato, sino que además las partes podrían revertir los efectos negativos que haya causado. Jurisprudencia relevante sobre cláusulas abusivas en alquileres comerciales La jurisprudencia en España ha desarrollado un criterio claro respecto a la nulidad de las cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento comercial. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 367/2021, enfatizó que las cláusulas que limitan los derechos fundamentales del arrendatario sin una justificación proporcional y razonable pueden ser consideradas nulas. En otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sentencia 452/2020) declaró nula una cláusula que imponía al inquilino la obligación de asumir todos los gastos de mantenimiento sin distinción, lo que se consideró desproporcionado y abusivo, en línea con el artículo 1256 del Código Civil. La asesoría de Cortés & Co. Abogados en contratos de alquiler Identificar y eliminar las cláusulas abusivas requiere de un conocimiento especializado en derecho contractual y la aplicación adecuada del Código Civil y la jurisprudencia. En Cortés & Co. Abogados, con más de treinta años de experiencia en el sector inmobiliario, revisamos los contratos de alquiler de nuestros clientes para garantizar que cumplen con la normativa y protegen sus derechos. Desde nuestro despacho, asesoramos tanto a inquilinos como a propietarios para evitar conflictos futuros y defender sus intereses en caso de litigios. En Cortés & Co. Abogados estamos comprometidos en velar por el bienestar legal de nuestros clientes y garantizar que los contratos se ajusten a las leyes vigentes. Conclusión Las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de locales comerciales son un riesgo considerable para los inquilinos, ya que limitan sus derechos y les imponen cargas adicionales. Con el asesoramiento de Cortés & Co. Abogados, expertos en derecho inmobiliario y arrendamientos, se pueden identificar y anular estas estipulaciones injustas, asegurando un contrato equilibrado y justo para ambas partes.

En el sistema judicial español, el proceso de nulidad de actuaciones es una herramienta fundamental para asegurar la protección de derechos procesales y constitucionales, así como para corregir errores graves que puedan afectar el desarrollo y resultado de un procedimiento judicial. En Cortés & Co. Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en la aplicación de este recurso, lo que nos convierte en especialistas para defender los intereses de nuestros clientes con eficacia y profesionalidad. ¿Qué es la Nulidad de Actuaciones? La nulidad de actuaciones se refiere a la posibilidad de declarar inválidas ciertas decisiones o actuaciones procesales dentro de un procedimiento judicial. Este recurso busca subsanar errores que hayan infringido derechos fundamentales o que hayan incurrido en irregularidades procesales graves. De esta forma, se pretende restablecer la legalidad y asegurar el correcto funcionamiento del sistema judicial. Tipos de Nulidad de Actuaciones En el ordenamiento español, existen dos tipos principales de nulidad de actuaciones: Características y Procedimiento Para iniciar un procedimiento de nulidad de actuaciones, se deben cumplir ciertos requisitos específicos que varían según la naturaleza de la nulidad que se alega. En términos generales, el procedimiento cuenta con las siguientes características: La Experiencia de Cortés & Co. Abogados En Cortés & Co. Abogados, entendemos la importancia de defender los derechos de nuestros clientes con las herramientas legales adecuadas. Gracias a nuestra amplia trayectoria y a nuestra experiencia de más de 30 años, somos especialistas en la defensa ante actuaciones nulas, identificando rápidamente los errores que pueden afectar la legitimidad del proceso y actuando de manera efectiva para garantizar la justicia en cada caso.

En las últimas semanas, Valencia ha sido gravemente afectada por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que ha dejado a muchas familias y negocios en situaciones complicadas. Nos solidarizamos profundamente con quienes han sufrido pérdidas o daños. Este tipo de eventos pone en evidencia la necesidad de analizar los derechos y responsabilidades en materia de responsabilidad civil, tanto de las administraciones públicas como de los particulares. ¿Qué es la responsabilidad civil en catástrofes? La responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar el daño causado a terceros, algo que en principio aplica cuando existe culpa o negligencia. Sin embargo, en el caso de fenómenos naturales como la DANA, los eventos suelen considerarse como fuerza mayor, limitando la posibilidad de reclamar a terceros por daños sufridos. Papel del Consorcio de Compensación de Seguros El Consorcio de Compensación de Seguros en España interviene en estos casos excepcionales. Esta entidad cubre los daños causados ​​por eventos extraordinarios, como inundaciones, terremotos o tempestades ciclónicas. Para acceder a esta cobertura, el afectado debe tener una póliza de seguro vigente y seguir un proceso de reclamación específico. Para muchos afectados por la DANA, el Consorcio representa una ayuda imprescindible, proporcionando indemnizaciones para quienes han perdido propiedades, vehículos o han sufrido daños materiales en sus viviendas. Es fundamental que los afectados contacten con sus compañías aseguradoras y soliciten orientación para gestionar estos trámites correctamente. Responsabilidad civil de las administraciones públicas Si bien las catástrofes naturales son eventos imprevisibles, existen ocasiones en que la administración pública puede asumir alguna responsabilidad, especialmente cuando se demuestra que hubo falta de previsión o mantenimiento de infraestructuras que podrían haber minimizado los daños. En este sentido, los tribunales han señalado la importancia de cumplir con los deberes de conservación de vías, canales y otros elementos de infraestructura clave en la prevención de daños. Para casos donde se considere que la administración pudo haber tenido alguna responsabilidad, los afectados pueden iniciar reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Estos procesos son complejos y requieren asesoramiento jurídico para analizar si existen bases sólidas para la recuperación. La importancia de contar con asesoría legal Aconsejamos a quienes han sufrido daños y deseamos explorar vías de compensación que busquen asesoramiento legal. En Cortés & Co. Abogados, pueden encontrar orientación sobre cómo iniciar las reclamaciones pertinentes, ya sea a través del Consorcio de Compensación de Seguros o, en casos específicos, frente a la administración pública. Solidaridad y apoyo para los afectados Desde Cortés & Co. Abogados, enviamos un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados por la DANA en Valencia y otras regiones afectadas. Sabemos que enfrentarse a las secuelas de una catástrofe natural es un proceso difícil, y que el camino hacia la recuperación puede ser largo. También es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de contar con sistemas de protección adecuados y estar informados sobre los derechos de los ciudadanos ante este tipo de eventos.

La ejecución judicial sobre el patrimonio del deudor en la jurisdicción civil es un procedimiento complejo y minucioso que permite a los acreedores reclamar el cumplimiento de sus derechos cuando el deudor no cumple con sus obligaciones de pago. Este proceso tiene como fin garantizar que el deudor responda con sus bienes para satisfacer las deudas pendientes. A continuación, analizamos las principales medidas que se pueden realizar en una ejecución judicial civil en España. 1. Embargo de bienes del deudor El embargo es una de las primeras y más comunes medidas que el juzgado puede ordenar. Se trata de una retención judicial de bienes con el fin de asegurar el pago de la deuda. Los bienes embargados pueden ser muebles, inmuebles, cuentas bancarias o derechos de crédito del deudor. Es importante que el acreedor identifique los bienes susceptibles de embargo para que el juzgado pueda ordenar su ejecución, siguiendo el principio de proporcionalidad. 2. Embargo de sueldos y pensiones El embargo de salarios, pensiones y retribuciones periódicas es una medida común en las ejecuciones judiciales, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, existe una cantidad mínima inembargable que garantiza al deudor unos ingresos básicos, pero el excedente puede ser embargado según el rango de ingresos. Este tipo de embargo es ideal para asegurar pagos recurrentes y continuos hasta la satisfacción de la deuda. 3. Administración judicial de bienes En aquellos casos donde el deudor posea empresas o activos que generen ingresos, el juzgado puede nombrar a un administrador judicial. Este administrador se encarga de gestionar y supervisar los bienes embargados para asegurar que los ingresos generados sean destinados al pago de la deuda. Esta medida garantiza un control riguroso y efectivo del flujo económico del deudor. 4. Subasta de bienes embargados Cuando el embargo de bienes se realiza sobre propiedades que no se pueden liquidar fácilmente, como inmuebles o vehículos, el juzgado puede ordenar su venta a través de una subasta pública. En esta subasta, los bienes se venden al mejor postor, y el monto obtenido se destina a satisfacer la deuda. La subasta es una de las últimas medidas en el proceso de ejecución, siendo una forma de liquidar los bienes inmovilizados del deudor. 5. Intervención de cuentas bancarias La intervención o embargo de cuentas bancarias es otra medida muy efectiva en el proceso de ejecución. El juzgado puede ordenar a las entidades bancarias que bloqueen las cuentas del deudor, permitiendo únicamente las transferencias necesarias para la satisfacción de la deuda. Esta medida es rápida y puede cubrir parte de la deuda cuando el deudor mantiene liquidez en sus cuentas. 6. Embargo de derechos de crédito Si el deudor tiene derechos de crédito frente a terceros, es decir, si tiene pendientes de cobro, estos también pueden ser embargados. En este caso, el acreedor puede solicitar al juzgado que ordene a los deudores de su deudor que paguen directamente al acreedor. Este tipo de embargo es muy común en casos donde el deudor es una empresa o tiene contratos comerciales. 7. Prohibición de disponer de bienes Esta medida implica la anotación de una prohibición en el registro correspondiente (por ejemplo, el Registro de la Propiedad), para evitar que el deudor venda o transfiera sus bienes. Es una medida precautoria que impide al deudor ocultar sus activos, protegiendo así el patrimonio hasta la satisfacción de la deuda. 8. Intervención de activos financieros Activos financieros como acciones, bonos o fondos de inversión también pueden ser embargados. En estos casos, el juzgado ordena la venta o retención de estos activos a través de la entidad financiera correspondiente, canalizando los fondos para satisfacer la deuda. Conclusión Las medidas de ejecución judicial sobre el patrimonio del deudor en la jurisdicción civil están diseñadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Cada una de estas acciones debe ser cuidadosamente evaluada en función de la naturaleza de los bienes del deudor y del valor de la deuda. En Cortés & Co. Abogados, somos especialistas en la ejecución judicial de deudas, brindando asesoramiento integral y actuando con eficiencia para lograr que nuestros clientes recuperen sus derechos y su patrimonio. No dude en contactarnos para una consulta.