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La Ley de la Segunda Oportunidad en España: Requisitos para Acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho

La Ley de la Segunda Oportunidad, regulada por el Real Decreto-ley 1/2015 y modificada por sucesivas reformas, es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia liberarse de sus deudas bajo ciertas condiciones. Su finalidad es ofrecer una «segunda oportunidad» a aquellos que, por causas justificadas, no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas. Requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho Para beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley, que han sido afinados a través de la jurisprudencia más reciente: Jurisprudencia reciente La interpretación judicial ha ido avanzando en facilitar el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho, ampliando la posibilidad de liberarse de ciertas deudas que antes eran consideradas ineludibles. El Tribunal Supremo ha sido clave en la evolución de esta norma, garantizando la protección de los deudores de buena fe y asegurando que el proceso sea justo y equitativo. La importancia de contar con asesoramiento legal Es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho mercantil y concursal para guiar al deudor durante todo el proceso. Cada situación es única, y los detalles específicos pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en la obtención de la exoneración del pasivo. En Cortés & Co. Abogados, somos expertos en Derecho Mercantil y Concursal. Si tienes dudas sobre la Ley de la Segunda Oportunidad o necesitas asesoramiento sobre cómo acceder a la exoneración de tus deudas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte.

La dispensa del deber de declarar en sede judicial contra tu pareja o cónyuge

La dispensa del deber de declarar en sede judicial cuando el investigado es tu pareja o cónyuge está regulada en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España. Este artículo otorga el derecho a determinadas personas cercanas al acusado, como cónyuges, parejas, padres o hijos, a no declarar en contra de ellos si no lo desean. Es una medida que busca proteger el entorno familiar de los conflictos legales y evitar que las relaciones personales se vean afectadas por la obligación de declarar. ¿En qué consiste la dispensa? La dispensa se refiere a la opción de no prestar declaración en un proceso penal cuando el investigado es una persona cercana, ya sea por relación de parentesco o afinidad. Esto no significa que la persona no pueda declarar si así lo desea, sino que tiene la facultad de elegir si lo hace o no. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han respaldado la aplicación de este derecho, subrayando la importancia de evitar una presión indebida sobre los familiares. Esta norma cobra especial relevancia en casos de investigaciones que implican a figuras públicas, como el reciente caso que involucró a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casos de polémica y debate El artículo 416 ha generado controversia en el ámbito judicial y político, ya que en algunas ocasiones se ha utilizado para evitar que testigos claves ofrezcan su testimonio. Críticos señalan que este derecho podría ser mal utilizado para obstruir investigaciones o proteger a individuos de responsabilidades legales, aunque sus defensores lo ven como una salvaguardia de las relaciones familiares. En Cortés & Co. Abogados somos especialistas en Derecho Penal. No lo dude y consúltenos su caso para obtener más información. Su defensa, nuestra pasión

Proceso de Aceptación y Adjudicación de Herencia en España: Testamento y Pasos a Seguir

Proceso de Aceptación y Adjudicación de Herencia en España: Testamento y Pasos a Seguir El proceso de aceptación y adjudicación de una herencia en España puede parecer complejo, pero cuando el causante (persona fallecida) ha dejado testamento, el proceso es más claro y directo. A continuación, detallamos los pasos esenciales de este procedimiento conforme al derecho español, y recomendamos buscar la asesoría de expertos en la materia. 1. Localización y lectura del testamento Lo primero es localizar el testamento, lo que se realiza solicitando un certificado de últimas voluntades en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Este certificado indica si la persona fallecida hizo testamento y ante qué notario lo otorgó. Una vez localizado, el notario procede a la lectura del testamento. Este documento establece el reparto de bienes conforme a la voluntad del testador, y aclara cómo deben distribuirse entre los herederos. 2. Declaración de herederos Si bien el testamento ya designa a los herederos, en ciertos casos, es posible que deban confirmarse legalmente, especialmente si el testamento es ambiguo o no identifica claramente a todos los beneficiarios. 3. Aceptación de la herencia Los herederos deben aceptar la herencia. Pueden hacerlo de las siguientes formas: La aceptación debe formalizarse en una escritura pública ante notario. 4. Inventario y partición de la herencia Una vez aceptada la herencia, se realiza el inventario de los bienes y deudas del fallecido. El inventario es esencial para asegurar que los bienes se distribuyan correctamente entre los herederos. Posteriormente, se procede a la partición, que puede ser: 5. Adjudicación de bienes Tras la partición, se adjudican los bienes a cada heredero según lo establecido en el testamento. Los bienes inmuebles, acciones, cuentas bancarias, etc., se reparten conforme a la voluntad del testador y las normativas legales que protegen a los herederos forzosos (legítima). 6. Pago de impuestos Es obligatorio liquidar el Impuesto de Sucesiones dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento del causante, aunque se puede solicitar una prórroga de seis meses adicionales. La cuantía de este impuesto varía según la comunidad autónoma, el valor de la herencia y el grado de parentesco. La importancia de un asesoramiento experto Aunque el proceso puede parecer sencillo en teoría, la realidad es que existen muchas particularidades y detalles técnicos que deben gestionarse con sumo cuidado. Errores en la aceptación, en la liquidación de impuestos o en la partición pueden acarrear serias consecuencias legales y financieras para los herederos. Por ello, ante cualquier duda o para una correcta gestión de la herencia, es fundamental contar con el apoyo de un despacho especializado. Cortés & Co. Abogados, con más de 30 años de experiencia en derecho sucesorio, está a tu disposición para ayudarte a gestionar estos procesos de forma rápida y segura. Cortés & Co. Abogados: Expertos en Herencias Si tienes dudas sobre cómo proceder o necesitas un acompañamiento especializado, no dudes en contactar con Cortés & Co. Abogados. Su amplia experiencia en esta materia asegura una gestión eficiente y en cumplimiento con todas las normativas vigentes. Puedes visitar su página web en www.abogadocortes.com para más información o concertar una consulta.

Préstamos al Consumo y la Ley de Usura: Una Actualización Importante

Préstamos al Consumo y la Ley de Usura: Una Actualización Importante En Cortés & Co Abogados, estamos comprometidos con la protección de los derechos de los consumidores, especialmente en el ámbito de los préstamos al consumo y la Ley de Usura. Recientemente, la jurisprudencia ha dado pasos significativos para aclarar cuándo un interés pactado en un crédito revolving o un préstamo personal puede considerarse usurario, otorgando mayor seguridad jurídica a los consumidores afectados por este tipo de prácticas. Sentencias Clave del Tribunal Supremo Las sentencias dictadas en febrero de 2023 (STS 442/2023 y STS 786/2023) establecen criterios claros para determinar cuándo los intereses son usurarios, definiendo que un interés notablemente superior al normal del dinero se da cuando la diferencia entre el tipo de interés medio del mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales. Este criterio aplica tanto para los créditos revolving como para otros préstamos personales, consolidando una doctrina que protege a los consumidores frente a intereses abusivos. Conclusiones Principales: Impacto en los Préstamos Personales La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en sentencias posteriores de 2023, también ha extendido el criterio de los 6 puntos porcentuales a préstamos personales. Aunque los intereses de estos préstamos suelen ser inferiores al 15%, este margen sigue siendo una referencia para evaluar si los intereses pactados son excesivos. Protección del Consumidor Estas decisiones judiciales refuerzan la posición de los consumidores y otorgan herramientas claras para impugnar contratos de crédito que incluyan intereses abusivos. En Cortés & Co Abogados, ofrecemos un servicio especializado para la revisión de contratos de crédito y defensa en caso de intereses usurarios. ¿Cómo Podemos Ayudarte? Si tienes dudas sobre si tu contrato de crédito incurre en usura, o si crees que estás pagando intereses abusivos, en Cortés & Co Abogados te ofrecemos la asesoría necesaria para proteger tus derechos. Nuestro equipo está especializado en la legislación de préstamos al consumo y en la Ley de Usura, brindándote un servicio de calidad y confianza.

Plazos Procesales en el Derecho Civil Español: Concepto y Regulación

Plazos Procesales en el Derecho Civil Español: Concepto y Regulación Los plazos procesales constituyen uno de los elementos más relevantes dentro del derecho procesal civil español, ya que garantizan la ordenación y celeridad del proceso judicial. Estos plazos son los períodos de tiempo establecidos por la ley dentro de los cuales las partes, el juez u otros sujetos del proceso deben realizar ciertos actos procesales. Su correcto manejo es crucial para la buena marcha del litigio y para asegurar que se respeten los principios de seguridad jurídica y debido proceso. 1. Concepto de plazo procesal Un plazo procesal se define como el período temporal dentro del cual debe realizarse un acto procesal determinado. Estos plazos están regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), así como por otras normativas procesales y civiles, y pueden estar dirigidos tanto a las partes del litigio como a los tribunales. El incumplimiento de estos plazos puede conllevar consecuencias jurídicas importantes, como la caducidad de derechos o la preclusión de la oportunidad de realizar un acto procesal. 2. Clasificación de los plazos procesales En el derecho civil español, los plazos procesales pueden clasificarse según varios criterios: A. Según su origen B. Según su obligatoriedad C. Según su duración 3. Cómputo de los plazos procesales El cómputo de los plazos en el derecho civil español es una cuestión esencial y está regulado en el artículo 133 de la LEC. La normativa establece varios principios importantes: 4. Interrupción y suspensión de plazos La ley prevé ciertas situaciones en las que los plazos procesales pueden suspenderse o interrumpirse: 5. Prórroga de los plazos Aunque en general los plazos procesales no son prorrogables, la LEC permite que, en circunstancias excepcionales, los jueces o tribunales puedan conceder una prórroga de los mismos. Estas prórrogas se otorgan solo en casos en los que se justifiquen dificultades extraordinarias que hayan impedido cumplir el plazo original. Un caso claro de prórroga es cuando el tribunal permite más tiempo para la aportación de pruebas o la corrección de defectos formales en los escritos, aunque la prórroga siempre debe estar debidamente motivada y es potestad del juez. 6. Consecuencias del incumplimiento de los plazos procesales El incumplimiento de un plazo procesal puede tener diferentes consecuencias, dependiendo de la naturaleza del plazo incumplido: 7. Conclusión Los plazos procesales son esenciales para asegurar un desarrollo ordenado y ágil del proceso judicial en el ámbito del derecho civil español. Su correcta gestión por parte de los litigantes y del tribunal es fundamental para garantizar el respeto de los principios procesales y el buen funcionamiento de la justicia. Es importante conocer y respetar los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues su incumplimiento puede acarrear consecuencias procesales graves, como la preclusión o caducidad de derechos. En resumen, los plazos procesales no son meros formalismos, sino pilares fundamentales de la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema judicial.

El Juicio Monitorio: Una Herramienta Eficaz para Reclamar Facturas Impagadas En Cortés & Co Abogados, sabemos que el retraso en el pago de facturas puede suponer un gran obstáculo para el desarrollo de cualquier empresa. Cuando las gestiones amistosas no son suficientes para recuperar el dinero adeudado, existe un procedimiento ágil y eficaz para reclamar estas deudas: el juicio monitorio. ¿Qué es el Juicio Monitorio? El juicio monitorio es un procedimiento judicial sencillo que permite a empresas y particulares reclamar deudas dinerarias que estén debidamente documentadas, como facturas impagadas, contratos o recibos. Es una herramienta eficaz para aquellos casos en los que el deudor no realiza el pago en los plazos acordados. Este procedimiento está regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y está diseñado para ser rápido y poco costoso, facilitando a las empresas la recuperación de sus créditos impagados. Requisitos para Iniciar un Juicio Monitorio Para poder presentar una demanda de juicio monitorio, es necesario cumplir con ciertos requisitos: Ventajas del Juicio Monitorio para las Empresas Pasos del Procedimiento Monitorio ¿Cuándo es útil para las empresas? El juicio monitorio es especialmente útil para empresas que enfrentan el impago de facturas por parte de clientes o proveedores. No importa si la deuda es grande o pequeña, este proceso es válido para cualquier cantidad. Además, es una herramienta muy valiosa cuando se agotan las vías amistosas y el deudor se muestra reacio a cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo podemos ayudarte? En Cortés & Co Abogados, contamos con una sólida experiencia en la gestión de juicios monitorios para empresas. Nos encargamos de todo el proceso, desde la redacción y presentación de la demanda hasta la ejecución de la deuda, garantizando que tu empresa recupere lo que le corresponde. Si tu empresa está lidiando con facturas impagadas y no sabes cómo proceder, contacta con nosotros. Te ofrecemos un servicio integral que te permitirá centrarte en lo más importante: tu negocio.

¿Los plazos en una instrucción penal son hábiles o naturales?

¿Los plazos en una instrucción penal son hábiles o naturales? Uno de los aspectos clave en un procedimiento penal es entender cómo se computan los plazos, especialmente en la fase de instrucción. En este punto, surge una pregunta frecuente: ¿los plazos en la instrucción penal deben considerarse días hábiles o naturales? A continuación, te aclaramos esta cuestión con base en la normativa vigente y la jurisprudencia. Plazos en la fase de instrucción penal: ¿días hábiles o naturales? Según el artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), todos los días del año y todas las horas son hábiles para la instrucción de causas penales, sin necesidad de habilitación especial. Esto significa que, en teoría, los jueces y tribunales pueden llevar a cabo actuaciones de instrucción cualquier día, ya sean festivos o fines de semana. ¿Qué tipos de actuaciones se consideran dentro de la instrucción? Para entender mejor este principio, es importante distinguir entre actuaciones «para la instrucción» y actuaciones «de la instrucción». Las actuaciones para la instrucción son aquellas dirigidas a la investigación de los hechos y son esenciales para el avance de la causa, como la toma de declaraciones, los registros y las diligencias. Para estas actuaciones, todos los días y horas son hábiles Por otro lado, las actuaciones de la instrucción, como la interposición de recursos o la presentación de escritos, sí están sujetas a los plazos procesales ordinarios, por lo que los sábados, domingos y festivos se consideran inhábiles para estos actos. ¿Cuándo aplican los días hábiles? Para los plazos otorgados a las partes en el proceso, como la presentación de recursos o escritos, el cómputo de días sigue las normas generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto significa que los sábados, domingos y festivos son inhábiles a efectos de presentación de documentos Conclusión Aunque para el juez instructor todos los días y horas del año son hábiles, cuando se trata de los plazos procesales para las partes, como interponer recursos o realizar otros trámites, deben respetarse los días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos. En Cortés & Co Abogados, contamos con una amplia experiencia en la instrucción penal y estamos aquí para ayudarte a gestionar cualquier aspecto de tu caso con precisión y eficiencia. Si tienes dudas sobre los plazos en tu proceso penal, no dudes en contactarnos.

COMISO DE BIENES EN REGISTROS: ¿QUÉ DEBES SABER EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES?

Durante el curso de una investigación penal, uno de los aspectos más importantes y, amenudo, incomprendidos, es el comiso de bienes. Esta medida permite a las autoridadesconfiscar aquellos objetos o propiedades que puedan estar vinculados a un delito. Desdedinero en efectivo hasta bienes personales, conocer las bases legales para el comiso y cómoimpugnarlo es esencial para cualquier persona implicada en un proceso penal. ¿Qué es el Comiso de Bienes? El comiso de bienes es una herramienta legal que permite a las autoridades incautar objetosque puedan estar relacionados con la comisión de un delito. Según el artículo 127 del CódigoPenal español, esta medida puede incluir tanto pruebas físicas como bienes derivados deactividades delictivas o aquellos que podrían ser utilizados para llevar a cabo actos ilícitos.En muchos casos, el comiso de bienes ocurre durante el registro de un domicilio o negocio. Lasautoridades, en virtud de una orden judicial, pueden confiscar cualquier bien que considerenrelevante para la investigación, incluso si los objetos no están directamente vinculados aldelito. Es común, por ejemplo, que en investigaciones por delitos económicos se incautenbienes de lujo, cuentas bancarias, e incluso documentos personales. ¿Cuándo Ocurre el Comiso de Bienes? El comiso generalmente ocurre durante la ejecución de una orden de registro. Durante esteproceso, las autoridades buscan evidencia vinculada al delito, como dispositivos electrónicos,registros financieros o herramientas que pudieran haber sido utilizadas para cometer elcrimen. Sin embargo, también pueden incautar bienes que, aunque no sean directamenterelevantes, podrían representar los beneficios de una actividad ilícita.Base Legal del Comiso de Bienes en España El comiso de bienes en España está regulado por el artículo 127 del Código Penal, que permiteincautar cualquier bien relacionado con un delito. Sin embargo, la ley también protege aterceros que no estén implicados en la actividad criminal, prohibiendo que sus bienes seanconfiscados si no hay pruebas suficientes que los relacionen con el delito investigado. ¿Cómo Impugnar el Comiso de Bienes? Impugnar el comiso de bienes no es tarea fácil, pero sí es posible. Para ello, la parte afectadadebe presentar un recurso demostrando la legítima propiedad de los bienes y argumentandoque éstos no guardan relación con el delito en cuestión.Algunos de los principales argumentos que se pueden utilizar para impugnar el comiso son: Consecuencias del Comiso de Bienes El comiso de bienes puede tener graves consecuencias para las personas afectadas. Más alláde la pérdida temporal de propiedades, las personas pueden enfrentarse a dificultadeseconómicas y personales, especialmente si se trata de bienes esenciales como dinero odocumentos. Además, la recuperación de los bienes puede implicar largos procesos legalesque, a menudo, son costosos y desgastantes. ¿Cómo Podemos Ayudarte en Cortes & Co Abogados? En Cortes & Co Abogados, somos especialistas en derecho penal y tenemos amplia experienciaen la defensa de nuestros clientes en casos de comiso de bienes. Sabemos lo complicado quepuede ser enfrentarse a una medida como esta y ofrecemos nuestro conocimiento ydedicación para garantizar que se respeten los derechos de nuestros representados.Si has sido afectado por el comiso de bienes en un procedimiento penal, no dudes encontactarnos. Evaluaremos tu caso y te proporcionaremos el mejor asesoramiento pararecuperar tus bienes lo antes posible.

Jurisdicción Voluntaria en Patria Potestad: ¿Qué Hacer en Caso deDesacuerdo Entre Progenitores sobre la Educación de un Hijo?

En situaciones de separación o divorcio, es común que surjan desacuerdos entre losprogenitores en el ejercicio de la patria potestad compartida, especialmente en lorelativo a decisiones esenciales que afectan al bienestar de los hijos. Uno de los ámbitosmás delicados y recurrentes es el de la educación, donde pueden surgir diferencias sobreel colegio al que debe asistir el menor. Este es el caso de muchos padres que se enfrentan a la difícil situación de no poderponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor opción educativa para su hijo o hija. Elproblema se acentúa cuando el menor tiene necesidades especiales, como ocurre conniños que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde la elección del centroeducativo adecuado es crucial para su desarrollo integral. ¿Qué es la Jurisdicción Voluntaria y Cuándo se Aplica? La jurisdicción voluntaria es un mecanismo legal que permite a los progenitoresacudir a los tribunales cuando no logran llegar a un acuerdo en aspectos fundamentalesrelacionados con el ejercicio de la patria potestad. Este procedimiento es especialmenteútil cuando la divergencia de opiniones afecta decisiones clave sobre la educación, saludo residencia del menor. En estos casos, el artículo 156 del Código Civil establece que, ante el desacuerdo,cualquiera de los progenitores puede solicitar la intervención judicial para que sea eljuez quien decida lo más conveniente, siempre en base al interés superior del menor.Este principio rector, reconocido tanto en la normativa nacional como en lainternacional, tiene como objetivo garantizar que cualquier medida adoptada sea la másbeneficiosa para el bienestar y el desarrollo del niño. Caso Práctico: Cambio de Colegio para un Niño con TEASupongamos que ambos progenitores no se ponen de acuerdo sobre el cambio decolegio de su hijo con TEA. En un escenario como este, el proceso de jurisdicciónvoluntaria se presenta como la solución más adecuada. Este tipo de casos involucra lapresentación de una demanda en la que se justifiquen las razones que motivan el cambiode centro educativo, aportando pruebas que demuestren que la nueva opción es la másidónea para cubrir las necesidades del menor. Entre los argumentos más comunes en estos casos destacan: Proximidad del nuevo colegio al domicilio: Esto facilita la logística diaria yreduce el estrés que puede generar largos desplazamientos en un menor conautismo. Idoneidad del centro educativo: Se puede argumentar que el nuevo colegiocuenta con personal especializado y programas de inclusión para niños con TEA,lo que mejora significativamente las posibilidades de desarrollo personal yeducativo del menor. Además, se debe aportar toda la documentación que respalde esta decisión, comoinformes médicos que certifiquen el diagnóstico y las necesidades del menor, así comotestimonios o informes de expertos en educación especial que avalen la idoneidad delnuevo centro. ¿Qué Decidirá el Juez? En última instancia, será el juez quien determine lo más beneficioso para el menor,evaluando las pruebas presentadas y valorando el interés superior del niño por encimade cualquier otro factor. El juez podría ordenar el cambio de colegio si considera que lanueva opción educativa es la más adecuada para satisfacer las necesidades especialesdel menor, teniendo en cuenta su desarrollo físico, emocional y cognitivo.¿Cómo Podemos Ayudarte? En Cortes &Co.Abogados, www.abogadocortes.com, somos especialistas en derechode familia y en la gestión de procedimientos de jurisdicción voluntaria relacionados conla patria potestad. Sabemos lo delicado que puede ser enfrentarse a este tipo desituaciones y ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia paragarantizar que se tomen las decisiones más favorables para sus hijos. Si te encuentras en una situación de desacuerdo con el otro progenitor y necesitas ayudapara llevar el caso ante los tribunales, contáctanos. Nuestro equipo especializado enderecho de familia te proporcionará el asesoramiento jurídico necesario y te acompañaráen todo el proceso.

Denuncia falsa de violencia de género

En multitud de ocasiones cuando una pareja sentimental atraviesa una crisis se producen situaciones de tensión entre ambos. Por desgracia, en ocasiones, se pretende pervertir la ley denunciando conductas y hechos inexistentes para someter a la otra parte, provocando una intervención policial con detención del sujeto, así como el inicio de un proceso judicial que se convierte en un calvario y con el que desean obtener beneficios, tales como procedimientos de divorcio, custodia de los hijos y alineación parental. Todo ello conjugado con la imposición de una orden de alejamiento por la que el hombre es expulsado inmediatamente de su domicilio habitual, al que no podrá regresar más que acompañado de la policía para recuperar sus enseres más básicos. Esta conducta sería constitutiva de un ilícito conocido coloquialmente como “denuncia falsa”. Para su prevención, y en situaciones de máxima tensión entre ambos, debemos aconsejar ceñirse al siguiente protocolo: De esta manera evitaremos situaciones de riesgo previniendo la posibilidad de ser objeto de una denuncia por malos tratos y, llegado el caso, contando con medios de defensa oportunos e idóneos para demostrar el engaño. Bajo la expresión “denuncia falsa” se encuadra un abanico de delitos que van desde la simulación de delitos, las calumnias, hasta la estafa procesal, según los hechos ocurridos. Para su detección se recurre habitualmente a indicios como la falta de pruebas que sustenten la denuncia, la contradicción por parte de testigos, o las propias contradicciones en las que la supuesta víctima pueda incurrir en su denuncia y posteriores declaraciones. El tipo básico de la denuncia falsa consiste en denunciar ante las autoridades policiales o judiciales un hecho delictivo falso, 456 del Código penal, requiriendo la concurrencia de dolo o mala fe y conocimiento expreso de la falsedad. Sin embargo, el punto de partida marcado por la Ley es la preexistencia de una resolución judicial firme por la que se haya declarado la absolución o el archivo de la causa por sobreseimiento a favor del supuesto agresor. A partir de ahí, sus penas oscilan entre multa y prisión desde 6 meses a 2 años dependiendo de la gravedad del delito. Ahora bien, aunque la propia Ley dispone que los propios jueces o tribunales que hayan conocido del proceso previo deben perseguir las denuncias falsas, lo cierto es que por motivos de índole política, estadística, y de carga procesal de la Administración de Justicia no se lleva a cabo, obligando a los propios afectados a interponer la correspondiente denuncia o querella, lo que en muchos casos conlleva su dejación por falta de medios y recursos, quedando desamparados. Desde Cortés & Co. Abogados aconsejamos consultar siempre y en cualquier caso con un abogado especializado para evitar situaciones de confusión e incertidumbre que puedan influir negativamente en la defensa de sus derechos. Ante la impunidad y el agravio solo cabe una respuesta: la lucha por la verdad y la Justicia, defendiendo el honor y el prestigio de nuestros clientes.